La semana pasada escribía sobre energía, inteligencia artificial y centros de datos y llegaba a una idea que cada vez me parece más importante: el problema no es únicamente producir electricidad, sino conseguir tenerla donde y cuando hace falta. El nuevo borrador del Gobierno de España para regular los centros de datos vuelve a poner esa cuestión encima de la mesa, pero desde otro ángulo. Y después de leerlo sigo pensando que comparto bastante el objetivo, pero tengo muchas más dudas sobre el camino elegido.
Las claves de la nueva regulación en 30 segundos
- Los nuevos centros de datos de 1 MW o más tendrían que cubrir con nueva generación renovable al menos el 80 % de su consumo en cada hora.
- España tiene abundante generación renovable, pero también congestiones, limitaciones de red y vertidos de energía.
- Hay 11,8 GW de nueva demanda con acceso concedido en la red de transporte que todavía no están en servicio.
- El Gobierno prevé invertir 13.590 millones de euros hasta 2030 en la red de transporte.
- La duda es si estamos intentando solucionar mediante regulación un problema que también exige mucha más infraestructura.
Lo primero es recordar que no hay todavía una norma aprobada. El proyecto de Real Decreto está en audiencia pública hasta el 04/09/2026 y, por tanto, puede modificarse. ¡Espero que lo modifiquen por el bien del sector!
Y tampoco creo que pedir sostenibilidad a los centros de datos sea el problema.
Si España va a incorporar varios gigavatios de nueva demanda eléctrica para infraestructura cloud e inteligencia artificial, me parece razonable que esa demanda contribuya a financiar nueva generación. También me parece razonable exigir eficiencia energética, controlar el consumo de agua y evitar que alguien reserve cientos de megavatios durante años para un proyecto que nunca llega a construirse.
Mi duda es otra.
¿Estamos poniendo el foco suficiente en la red eléctrica?
Tenemos renovables que algunas veces no podemos aprovechar
España ha hecho una inversión enorme en generación renovable y va a seguir haciéndola.
Pero producir electricidad y conseguir que llegue al lugar donde alguien quiere consumirla son dos problemas diferentes.
El sistema eléctrico tiene que mantener permanentemente el equilibrio entre generación y demanda. También tiene límites físicos: las líneas y subestaciones pueden transportar una determinada cantidad de electricidad y aparecen congestiones cuando la capacidad disponible no permite trasladar toda la generación hacia donde existe demanda.
El resultado es algo que a primera vista parece absurdo: puede existir energía renovable disponible y, aun así, ser necesario reducir su producción.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) habla expresamente de minimizar los vertidos renovables derivados de congestiones, mientras que Red Eléctrica gestiona restricciones técnicas cuando la producción prevista no puede integrarse manteniendo las condiciones de seguridad del sistema.
No significa que España esté desperdiciando permanentemente cantidades enormes de electricidad que simplemente podríamos entregar mañana a los centros de datos. El problema eléctrico es bastante más complejo.
Pero sí demuestra algo importante: añadir generación no resuelve por sí solo el problema de añadir nueva demanda.
Hace falta red.
Hace falta almacenamiento.
Hace falta capacidad de transformación.
Y hace falta que generación y consumo estén conectados geográfica y temporalmente.
Los números ayudan a entender la escala.
Red Eléctrica señalaba en febrero de este año 2026 que en la red de transporte existían permisos de acceso concedidos para unos 129 GW de generación eólica y fotovoltaica, 16 GW de almacenamiento y 19 GW de demanda.
Además desde 2022 se habían concedido 11,8 GW de nueva capacidad de acceso para demanda que todavía no había entrado en servicio.
Es decir, el cuello de botella no puede analizarse únicamente preguntando cuántos paneles solares podemos instalar.
El 80 % renovable no me preocupa tanto como el «hora a hora»
Aquí llegamos a la parte que más dudas me genera del nuevo Real Decreto.
El proyecto plantea que los nuevos centros de datos con al menos 1 MW de potencia de acceso cubran un mínimo del 80 % de su consumo mediante nueva generación renovable.
Pedir que esa nueva demanda venga acompañada de nueva generación renovable me parece razonable.
Si alguien va a incorporar 100 MW de nueva demanda durante los próximos 15 o 20 años, tiene sentido pedirle que ayude a financiar nueva capacidad de generación mediante autoconsumo o contratos de compraventa de electricidad a largo plazo, los conocidos PPA.
El salto está en exigir además correlación horaria.
No bastaría con producir durante el año tanta electricidad renovable como corresponda al consumo contratado.
Habría que demostrar que en cada hora el 80 % del consumo está respaldado por generación renovable producida durante esa misma hora.
Y esto enlaza directamente con lo que comentaba la semana pasada en Nuclear, renovables e IA: el problema no es producir energía, sino tenerla cuando hace falta.
Una planta solar puede producir muchísimo a las dos de la tarde.
A las tres de la mañana produce cero.
El centro de datos sigue funcionando. Son infraestructuras que operan 24×7 sin poder parar un segundo su operación.
Se puede combinar solar con eólica. Se puede añadir almacenamiento. Se pueden contratar diferentes instalaciones y utilizar la red para completar el suministro.
Todo eso es técnicamente posible.
Pero tiene un coste.
Y aquí creo que deberíamos preguntarnos si queremos utilizar la regulación para incentivar esa evolución o exigir desde el primer momento que cada nuevo proyecto resuelva por sí mismo buena parte de un problema estructural del sistema eléctrico.
Vamos a gastar 13.600 millones en la red porque sabemos que falta red
Hay otro dato que me parece especialmente relevante.
La propuesta de planificación eléctrica con horizonte 2030 contempla 13.600 millones de euros de inversión en la red de transporte, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
El objetivo incluye precisamente integrar más renovables, electrificar la economía, atender nueva demanda, mejorar interconexiones y reforzar la red.
Por tanto, el diagnóstico ya lo tenemos.
Necesitamos mucha más infraestructura eléctrica.
Y aquí es donde creo que los centros de datos podrían verse también como parte de la solución y no únicamente como nueva demanda que hay que controlar.
Estamos hablando de una industria dispuesta a comprometer inversiones de cientos o miles de millones durante décadas y cuyo principal recurso es precisamente la electricidad.
Quizá deberíamos estudiar mecanismos que permitan que parte de esa inversión privada contribuya también a acelerar redes, almacenamiento, subestaciones y nueva generación allí donde sea necesario.
No estoy hablando de entregar la planificación eléctrica a los operadores de centros de datos ni de que quien pague más se quede con la red.
Estoy hablando de alinear incentivos.
Si para atender varios gigavatios de nueva demanda España necesita invertir miles de millones en infraestructura eléctrica, parece razonable preguntarse cómo conseguir que quienes van a utilizar una parte importante de esa nueva capacidad participen también en hacerla posible.
Eso me parece más interesante que limitarnos a añadir otra obligación al BOE.
Podemos convertir nuestra principal ventaja en una barrera
España tiene algo que muchos países europeos querrían tener.
Sol.
Viento.
Suelo.
Conectividad internacional y Cables submarinos.
Un mercado eléctrico conectado con Europa.
Y un enorme interés por construir aquí infraestructura para cloud e inteligencia artificial.
Precisamente por eso deberíamos tener cuidado.
Los más de 12 GW de derechos concedidos a centros de datos no significan que vayan a construirse 12 GW.
Un permiso eléctrico no es un centro de datos.
El dinero puede irse.
Un operador puede construir en Madrid, Aragón, Andalucía o Castilla-La Mancha, pero también puede hacerlo en Portugal, Francia, Italia o los países nórdicos.
Y la decisión no depende únicamente del precio del megavatio hora.
Importan la disponibilidad eléctrica, los plazos, la fiscalidad, la conectividad y, sobre todo, la previsibilidad.
El borrador añade además otros requisitos exigentes: un PUE máximo provisional de 1,15, que mide la relación entre toda la electricidad que consume el centro de datos y la que utilizan directamente sus equipos informáticos, y un WUE máximo de 0,1, que mide la eficiencia en el uso del agua. A eso se suman la nueva generación renovable, la correlación horaria y las obligaciones relacionadas con soberanía digital europea.
Cuanto más se acerca el PUE a 1, menos energía se dedica a refrigeración y otros sistemas auxiliares, así que un límite de 1,15 obliga a operar con niveles de eficiencia bastante exigentes.
Por separado muchas de estas medidas pueden tener sentido.
El problema puede ser la suma.
Porque llega un momento en el que quizá no estamos seleccionando los centros de datos más eficientes.
Estamos seleccionando únicamente a quienes tienen suficiente tamaño y capacidad financiera para gestionar toda esa complejidad.
Y paradójicamente eso puede favorecer a los mayores hiperescalares, muchos de ellos empresas estadounidenses, frente a operadores europeos y nacionales más pequeños.
No bajaría las exigencias. Cambiaría cómo las aplicamos
No creo que España deba entrar en una carrera para ver quién pone menos requisitos ambientales.
Sería un error.
Seguiría exigiendo que la nueva demanda venga acompañada de nueva generación renovable.
Mantendría objetivos exigentes de PUE y WUE.
Mantendría las obligaciones de transparencia.
Y exigiría compromisos reales para evitar que alguien reserve capacidad durante años sin construir nada.
Pero estudiaría una implantación progresiva de la correlación horaria.
Por ejemplo, podría empezarse exigiendo que el consumo anual esté respaldado por nueva generación renovable mediante PPA y elevar después el porcentaje de correlación horaria conforme aumenten el almacenamiento, las redes y las posibilidades reales del mercado.
También podría convertirse en un criterio para repartir capacidad.
Si hay dos proyectos compitiendo por 100 MW y uno puede demostrar un 80 % de correlación horaria mientras el otro alcanza un 40 %, parece razonable favorecer al primero.
Eso genera un incentivo.
Convertir directamente el 80 % hora a hora en una condición de entrada genera una barrera.
Y añadiría otra variable que echo de menos en muchas discusiones sobre centros de datos: qué deja cada megavatio en España.
No todos los centros de datos son iguales.
Un proyecto que atrae empresas de inteligencia artificial, ingenieros, investigación, servicios de infraestructura cloud europeos y capacidad de computación disponible para nuestras empresas aporta algo diferente a un edificio que simplemente consume electricidad y presta la mayor parte de sus servicios fuera.
Si la capacidad eléctrica es escasa, quizá deberíamos empezar a elegir proyectos también por eso.
Porque estamos decidiendo mucho más que dónde colocar unos servidores.
El riesgo es resolver con regulación lo que también necesita infraestructura
España tiene delante una oportunidad enorme.
La inteligencia artificial está convirtiendo la electricidad, los centros de datos y la capacidad de computación en política industrial.
Al mismo tiempo necesitamos electrificar transporte, industria y hogares.
No será sencillo.
Pero precisamente por eso creo que deberíamos evitar una discusión demasiado simple donde los centros de datos aparecen únicamente como consumidores gigantes a los que hay que poner límites.
Pueden financiar renovables. Y porque no también energía nuclear, que es posible siga formando parte de nuestro futuro con seguridad.
Pueden contratar energía durante décadas.
Pueden ayudar a justificar almacenamiento.
Pueden atraer inversión hacia nuevas infraestructuras.
Y pueden convertir electricidad producida en España en servicios digitales exportados desde España.
La semana pasada terminaba hablando de la necesidad de disponer de energía cuando realmente se necesita.
Después de leer este borrador añadiría otra idea:
no basta con producir más electricidad renovable y tampoco basta con regular quién puede consumirla. Hay que construir la infraestructura necesaria para conectar ambas cosas.
España ya sabe que necesita hacerlo. Los 13.600 millones previstos para la red hasta 2030 lo demuestran.
La cuestión es si vamos suficientemente rápido.
Porque puede darse una paradoja bastante absurda.
Construimos aquí la solar.
Construimos aquí la eólica.
Tenemos momentos en los que incluso necesitamos reducir generación renovable por las limitaciones del sistema.
Y después hacemos tan complejo conectar nueva demanda que los servidores, las GPU, los ingenieros y la inversión tecnológica terminan unos cientos de kilómetros más allá de nuestra frontera.
Eso no sería una política energética especialmente inteligente.
Ni tampoco una gran política digital.
España necesita centros de datos más eficientes y necesita mucha más infraestructura eléctrica.
Quizá deberíamos dedicar algo menos de tiempo a enfrentar ambas cosas y bastante más a conseguir que crezcan juntas.
Preguntas frecuentes
¿España desperdicia actualmente energía renovable?
En determinadas situaciones puede ser necesario reducir generación renovable por congestiones, restricciones técnicas o falta de capacidad para integrarla de forma segura. Eso no significa que toda esa electricidad pudiera trasladarse automáticamente a un centro de datos: la ubicación, la hora, la red y el almacenamiento son determinantes.
¿Cuánto quiere invertir España en la red eléctrica?
La propuesta de planificación eléctrica con horizonte 2030 contempla una inversión de 13.600 millones de euros en la red de transporte, destinada entre otros objetivos a integrar renovables y atender nueva demanda.
¿Qué exige el borrador a los nuevos centros de datos?
Entre otras medidas, plantea para instalaciones de al menos 1 MW un 80 % de suministro respaldado por nueva generación renovable y correlación horaria. También establece requisitos de eficiencia energética, agua y soberanía digital.
¿Los centros de datos podrían ayudar al sistema eléctrico?
Su demanda estable y sus contratos a largo plazo pueden contribuir a financiar nueva generación, almacenamiento e infraestructura asociada. Cómo integrar esa inversión privada con la planificación de la red es una cuestión diferente que requiere regulación y coordinación pública.
Fuentes:
