Hace unos días me apareció en LinkedIn un post que se estaba compartiendo mucho: «4 millones de euros a Indra por el buzón de quejas del Defensor del Pueblo». Decía que un chaval recién salido de un ciclo de DAW te monta eso por 10.000 euros, y que era como pagar cinco millones por el buzón de correos de tu casa. Me hizo gracia, me indignó un poco y, sobre todo, me llamó la atención, despertando mi curiosidad. Así que hice lo que casi nadie hace con estos titulares: me descargué los pliegos. Todos.
Las claves en 30 segundos
El contrato del Defensor del Pueblo con Indra puede llegar a 4,4 millones de euros sin IVA hasta 2027, pero no es un buzón: el pliego tiene 295 requisitos y estima unas 71.000 horas de trabajo.
Por hora no sale caro. Lo caro es todo lo que se decidió comprar y los 529.400 euros al año que cuesta mantenerlo encendido.
El código es propiedad del Defensor del Pueblo, pero nadie más puede verlo, auditarlo ni reutilizarlo.
La justicia española funciona con nueve sistemas de gestión procesal distintos y la sanidad con diecisiete historias clínicas que dialogan mal entre sí.
Italia, Francia, Dinamarca, Estonia o Alemania ya han demostrado que un mismo software público puede instalarse muchas veces.
Lo que dicen los pliegos
El expediente es el 2021/C00009 y se licitó en febrero de 2021. El presupuesto base era de 3,22 millones de euros sin IVA, se presentaron ocho empresas y se adjudicó a Indra por 3.003.616 euros. La oferta más barata era de 2,8 millones y la más cara de 3,15. Todas en la misma franja.
Luego vinieron los cambios. En junio de 2023 un primer modificado amplió el plazo hasta septiembre de 2025 sin subir el precio. En julio de 2024 un segundo modificado añadió 336.569 euros más. Y el contrato prevé dos prórrogas de 529.400 euros cada una. Si se agotan, el total llega a 4.398.985 euros sin IVA, unos 5,3 millones con IVA, repartidos entre junio de 2021 y septiembre de 2027.
Hasta aquí, el titular de esa publicación es básicamente correcto. Lo que no cuenta es qué se compró.
No es un buzón
El portal de quejas del Defensor del Pueblo. Lo visible es la parte pequeña del sistema.
El sistema que se quería sustituir se llama GEX. Lo desarrolló el propio Defensor del Pueblo en 2003 y 2004 en Java, con Oracle, un gestor de flujos de Tibco que ya no tiene soporte y el gestor documental Documentum. Guarda nueve millones de documentos, 2,7 terabytes, y lo usan a diario unas 170 personas. En 2025 la institución tramitó 38.762 expedientes.
El pliego técnico pide bastante más que un formulario. Los he contado (sí, con algo de ayuda de la IA): 295 requisitos. Hay atención al ciudadano por cualquier canal, registro electrónico con acuse sellado, espacio personal para seguir la queja, expedientes colectivos, reglas de asignación a las áreas, plantillas y escritos con código seguro de verificación, cita previa, campañas, boletines de email, escucha en redes sociales, un portal para ONG y parlamentarios autonómicos, integraciones con Cl@ve, @firma o el sistema de registros de las administraciones, y una aplicación móvil que funcione sin conexión para las visitas de inspección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a cárceles y centros de internamiento.
Eso no lo hace un chaval en dos semanas. Y el contrato incluye además licencias, infraestructura, soporte y un año de mantenimiento.
El propio pliego estima el trabajo en 23,44 personas a tiempo completo durante 19 meses, más un equipo de mantenimiento. Unas 71.000 horas. Si divides lo presupuestado en servicios profesionales entre esas horas, sale a unos 32 euros la hora. Los salarios directos, a unos 25.
Indra no cobró caro por hora. Se compró muchísimo.
Donde de verdad está el dinero
Hay tres cosas en los documentos que me parecen bastante más relevantes que la cifra total.
La primera es el calendario. El plan del pliego era poner el sistema en producción a finales de 2022. A esas alturas ya se había facturado el 60 % del contrato. En mayo de 2023 fue la propia adjudicataria quien pidió el primer modificado por unas «innovaciones de índole técnico» y propuso «un nuevo planteamiento de plataforma técnica». En 2023 no se pagó nada. En julio de 2024, la resolución del segundo modificado describe el proyecto como «muy próximo a su puesta en producción». De 31 meses previstos a 76 posibles.
Cronología del contrato 2021/C00009. Fuente: pliegos y resoluciones de los modificados 1 y 2.
La segunda es lo que cuesta tenerlo encendido. Las prórrogas ya no pagan desarrollo: solo licencias, infraestructura y servicio gestionado. 529.400 euros al año sin IVA. Con los expedientes de 2025, son unos 16,5 euros por expediente solo en plataforma.
La tercera es la que más me ha llamado la atención. El pliego obliga a usar productos concretos: el cuadro de mando «se implementa sobre Ms Power BI», la colaboración «a partir de Ms. Teams», la integración con Microsoft 365 y el acceso con el directorio activo de Microsoft. Cuando escribes el nombre del fabricante en el pliego, has decidido la mitad del proyecto antes de empezarlo.
Y el segundo modificado lo explica con una franqueza que no suele verse. Justifica no cambiar de empresa porque «el cambio de contratista no es posible por razones tanto económicas como técnicas»: un proveedor nuevo tendría que estudiar la aplicación y formarse. Es la definición exacta de dependencia de un proveedor, escrita en un documento oficial.
No hay nada ilegal en todo esto. El contrato pasó por licitación abierta y los modificados tienen informes favorables de la Asesoría Jurídica y de la Intervención. Mi crítica no va a las personas ni a la empresa. Va al modelo.
El código es nuestro, pero no lo podemos ver
Aquí está lo que de verdad me preocupa.
El pliego administrativo dice que el desarrollo lleva aparejada la cesión de la propiedad intelectual al Defensor del Pueblo. El técnico exige entregar el código fuente en su sistema de control de versiones. El código es público en el sentido de que lo hemos pagado todos y pertenece a una institución pública. Pero no lo puede ver nadie.
Nadie puede auditarlo. Nadie puede proponer una mejora ni avisar de un error. Y ninguna otra administración puede reutilizarlo, aunque la Ley 40/2015 obliga a ceder las aplicaciones a la administración que las pida, permite declararlas de fuentes abiertas y crea un directorio para compartirlas. Ese directorio, el Centro de Transferencia de Tecnología, tiene su forja pública en GitHub con unos cuarenta repositorios, casi todos de firma electrónica.
Y hay un matiz técnico importante. Si lo desarrollado vive dentro de una plataforma comercial licenciada, la cesión de la propiedad intelectual sirve de poco: puedes regalar tu código a otra institución, pero no podrá usarlo sin pagar las mismas licencias.
Mientras tanto, el Defensor del Pueblo de Navarra y el Gobierno foral firmaron en 2026 un convenio para desarrollar su propia plataforma de gestión de expedientes. Es el mismo problema, resuelto otra vez desde cero y con otro presupuesto.
Lo de poder auditar el código tampoco es teórico. El Tribunal Supremo reconoció en septiembre de 2025 el derecho de la Fundación Civio a acceder al código de BOSCO, la aplicación que decide quién recibe el bono social eléctrico. Ocho meses después seguían sin tenerlo.
¿Cuánto costaría hacerlo hoy?
En septiembre conté aquí cómo he vuelto a programar treinta años después gracias a Claude Code. Así que me he tomado el pliego en serio y lo he clasificado requisito a requisito: qué es el núcleo, qué es accesorio, qué solo puede hacerlo una administración y qué no es software sino servicio.
Mi estimación, con desarrollo asistido por agentes de IA y un perfil senior dirigiéndolo, está entre 2.000 y 4.000 horas para todo el código, frente a las 71.000 del pliego. Construirlo completo, con auditorías de seguridad y accesibilidad y la migración de datos, rondaría entre 200.000 y 400.000 euros. Y mantenerlo en una nube privada europea, con réplica entre dos centros de datos e incluso alguna copia de seguridad adicional en una tercera ubicación, entre 35.000 y 55.000 euros al año, frente a los 529.400 de la prórroga.
No son los 10.000 euros de esta publicación. Tampoco son cuatro millones.
Conviene ser honesto con lo que esa cifra no incluye. Integrarse con Cl@ve, @firma o el registro común solo puede hacerlo una administración. El Esquema Nacional de Seguridad se certifica sobre quien opera el sistema, no sobre el código. Y rediseñar los procesos con los tramitadores, que es la mitad del trabajo real en un proyecto público, no se acelera con ningún agente. Me gustaría intentar construir la primera parte y publicar las horas y el coste reales, no los estimados, aunque siendo realista no se si tendré tiempo para hacerlo.
Diecisiete veces el mismo problema
El caso del Defensor del Pueblo es pequeño. Lo interesante es lo que pasa cuando lo multiplicas.
La justicia española funciona con nueve sistemas de gestión procesal distintos. Minerva en los territorios del Ministerio, Adriano en Andalucía, Atlante en Canarias, Cicerone en la Comunidad Valenciana, el suyo propio en Madrid, en Cataluña, en el País Vasco… En 2020 el propio Ministerio planteaba el dilema en voz alta: interoperabilidad o integración en un único sistema. Se eligió la primera. En junio de 2022 se anunció que por fin los sistemas «hablaban» entre ellos. Es decir, se construyeron puentes entre nueve programas que hacen lo mismo.
Hay una excepción que merece conocerse. Avantius nació en Navarra y hoy lo comparten varias comunidades, entre ellas Navarra, Aragón y Cantabria. Ya se ha hecho aquí. Funciona.
Sanidad: diecisiete historias clínicas para un mismo paciente
En sanidad es todavía más evidente. Cada comunidad tiene su propio sistema de historia clínica, a veces uno para los centros de salud y otro distinto para los hospitales. Esta es la foto con la información pública que he podido reunir:
Comunidad
Atención primaria
Hospitales
Andalucía
Diraya
Diraya
Aragón
Historia Clínica Única (sustituye a OMI-AP)
Historia Clínica Única
Asturias
Estación clínica sobre OMI-AP
Sistemas propios de cada hospital
Baleares
e-SIAP
Diseñando un historial clínico único
Canarias
Drago AP
Drago AE
Cantabria
AP Cantabria (desde 2021)
Integrado con los hospitales
Castilla-La Mancha
Turriano
Mambrino XXI
Castilla y León
Medora
Jimena
Cataluña
ECAP
Varios sistemas, unidos por la HC3 compartida
Comunidad Valenciana
Abucasis
Orion Clinic
Extremadura
Jara
Jara
Galicia
IANUS
IANUS
La Rioja
Historia clínica electrónica regional (contrato prorrogado en 2026)
La misma, fusionada entre hospitales
Madrid
AP-Madrid
Varios sistemas según el hospital
Murcia
OMI-AP y Selene, unidos en una historia clínica común desde 2013
Selene
Navarra
Atenea
Sistemas propios
País Vasco
Osabide
Osabide Global
Sistemas principales según fuentes públicas enlazadas al final. Dentro de cada comunidad puede haber variaciones por hospital y algunos están en plena sustitución.
Diecisiete comunidades y más de veinte programas distintos para hacer lo mismo: guardar la historia de un paciente, pedir una analítica, recetar y derivar al especialista. Cada uno con su contrato, su migración, su mantenimiento y su equipo. Solo el proyecto Jara de Extremadura arrancó en 2005 con 25,5 millones de euros en cuatro años. La Rioja acaba de prorrogar el suyo por 1,7 millones mientras prepara un contrato nuevo. Multiplica.
Y luego hay que hacer que hablen entre ellos. El proyecto de historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud empezó en 2006. Quince años después seguía sin culminar, con comunidades que compartían solo el 11 % de los documentos pactados. Un estudio para la Comisión Europea calificó la interoperabilidad entre comunidades de «muy baja». Y en agosto de este año se seguía hablando de diecisiete sistemas que no dialogan eficientemente entre sí.
Hay un dato curioso escondido en esa tabla. En 2012, según un trabajo de la Universidad de Valladolid, nueve de las diecisiete comunidades usaban el mismo programa en atención primaria, OMI-AP. El mismo software instalado nueve veces ya existía. Lo que no existía era el código abierto, un presupuesto común ni una gobernanza compartida: nueve contratos con el mismo proveedor, nueve configuraciones distintas y nueve historias clínicas que seguían sin entenderse bien entre ellas.
Un núcleo común, diecisiete marcas
Ahora imagina lo contrario. Un único software de historia clínica, abierto, desarrollado una vez y desplegado diecisiete veces.
Cada comunidad lo usaría con su marca, sus colores, su nombre si quiere seguir llamándolo Diraya u Osabide, y su configuración: sus circuitos, sus catálogos de pruebas, sus centros. Pero por debajo sería el mismo programa, con el mismo modelo de datos y los mismos estándares, como FHIR para intercambiar información clínica. Un paciente de Ciudad Real atendido en Sevilla no necesitaría ningún puente: su historia se leería igual porque la escribió el mismo software.
Interoperable desde el primer día, no después de quince años de pasarelas.
Y con un único presupuesto de desarrollo. En lugar de diecisiete comunidades pagando diecisiete veces la receta electrónica, la integración con el laboratorio o la adaptación a la próxima norma europea, un consorcio con una cuota proporcional y una hoja de ruta común. Lo que cada comunidad quiera distinto, se lo paga como módulo propio, y si es útil, vuelve al núcleo para todos.
Y con el código en un repositorio público. Ahí está lo que más me ilusiona de la idea. Muchos profesionales podríamos aportar valor: abrir una incidencia cuando algo falla, proponer una mejora con un pull request, revisar el código de otros o auditar la seguridad por nuestra cuenta. Médicos que programan, enfermeras que detectan un flujo absurdo, ingenieros de hospital, universidades, empresas que dan soporte. Al final ese código lo hemos pagado todos con nuestros impuestos. Lo lógico es que todos podamos verlo, auditarlo y mejorarlo.
Los datos de los pacientes, evidentemente, no estarían en ningún repositorio. Se abre el programa, no la información.
Y lo mismo para todo lo demás
Lo mismo para los ayuntamientos, que son más de 8.000. Para las diputaciones. Para los gobiernos regionales. Para las defensorías autonómicas. Para el registro, los expedientes, las subvenciones, el padrón o la contabilidad. No hablo de las plataformas de participación ciudadana, que las hay libres y muy buenas. Hablo del corazón del software de la administración, el que tramita, registra y decide.
Cientos de ayuntamientos con el mismo software. Toda la sanidad con el mismo software. Todas las diputaciones con el mismo software.
Lo que cambia no es solo la factura. Cambia quién puede participar. Hoy un sistema así lo mantiene una empresa porque es la única que conoce el código. Con el código abierto, cualquier empresa puede ofrecer soporte, desarrollar una mejora o adaptarlo a un ayuntamiento concreto, incluida la pyme de informática de la capital de provincia que hoy no puede ni presentarse a estos concursos. Se compite por hacer mejor el trabajo, no por ser el dueño del código. Y habrá quien aporte sin que nadie le pague: universidades, funcionarios con ganas, desarrolladores que usan el servicio y ven un error. Pasa en todos los grandes proyectos de software libre.
Y con miles de ojos mirando el mismo código, auditar deja de ser un trámite que se encarga una vez y pasa a ser algo que ocurre todos los días.
Un matiz para no vender humo: un único sistema no significa un único proveedor ni un único centro de datos. Cada organismo lo opera donde quiera y con quien quiera. Lo que se comparte es el código, los estándares y la gobernanza. Sin gobernanza, un monocultivo también es un riesgo.
Ya se hace, y no es de ningún color
Lo mejor de todo esto es que no hay que inventar nada.
Italia lo tiene por ley. Los artículos 68 y 69 de su Código de la Administración Digital obligan a evaluar primero la reutilización y el software libre antes de comprar, y a publicar con licencia abierta el software encargado por la administración, en un catálogo común: Developers Italia. Y hizo algo todavía más ambicioso con el corazón del sistema: el 18 de enero de 2022 los 7.903 municipios italianos completaron su paso a un único padrón nacional, la ANPR, con 67 millones de residentes. Casi ocho mil padrones distintos convertidos en uno.
Dinamarca es el ejemplo que más se parece a lo que propongo. En 2012 cinco ayuntamientos crearon OS2 para desarrollar juntos el software que todos necesitaban. Hoy son 82 municipios, el 84 % del país, con más de 400 instalaciones de productos compartidos y código abierto.
Estonia y Finlandia crearon en 2017 una fundación común, el NIIS, para mantener juntos X-Road, la capa de intercambio de datos sobre la que funciona buena parte de sus servicios públicos. Islandia se sumó después. Dos Estados compartiendo el corazón de su administración digital.
Alemania creó una agencia pública, ZenDiS, que publicó en 2024 openDesk, una alternativa abierta a Microsoft 365. Ya la usan el Ejército alemán, el Ministerio de Sanidad y la Corte Penal Internacional. Y el estado de Schleswig-Holstein está migrando 30.000 puestos de trabajo de Microsoft a software libre porque, según su jefe de la Cancillería, el software libre «debe convertirse en el estándar» de la administración.
Y la Unión Europea lo ha convertido en marco común. El Reglamento de Interoperabilidad Europea, aplicable desde julio de 2024, obliga a los organismos públicos a compartir sus soluciones de interoperabilidad, incluido el código fuente.
Gobiernos de izquierdas, de derechas, de coalición. Países grandes y pequeños. No es ideología. Es gestión.
Lo que pediría
No hace falta una revolución. Bastarían unas pocas reglas que otros ya aplican.
Código abierto por defecto en todo desarrollo a medida pagado con dinero público, con excepciones motivadas y publicadas. Como en Italia o Francia. Y en un repositorio público de verdad, con incidencias y contribuciones abiertas, no en un ZIP que se entrega al final del contrato.
Consulta obligatoria y real a lo que ya existe antes de licitar, y justificación pública si no se reutiliza.
Pliegos sin marcas. Nada de «se implementa sobre» un producto concreto sin justificarlo, y el coste de salida incluido en la oferta.
Coste total a cinco años como criterio de adjudicación: construir, licencias y operación. No solo lo que cuesta el primer año.
Consorcios para lo común, como OS2: defensorías, ayuntamientos, justicia, sanidad.
Hitos con penalizaciones en lugar de modificados que alargan plazos.
En abril escribí que la compra pública es la palanca más potente que tenemos y la estamos desperdiciando. Esto es exactamente eso, pero en pequeño y con nombres propios. No hace falta crear un campeón europeo para dejar de pagar diecisiete veces por lo mismo. Hace falta que el código que pagamos entre todos sea de todos.
La publicación de LinkedIn se equivocaba en el precio del buzón. Acertaba en lo que de verdad importa: que algo huele raro cuando nadie puede comprobar qué hemos comprado.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el sistema de quejas del Defensor del Pueblo?
El contrato se adjudicó a Indra en 2021 por 3.003.616 euros sin IVA. Con un modificado de 336.569 euros y dos prórrogas de 529.400 euros, el total puede llegar a 4.398.985 euros sin IVA (unos 5,3 millones con IVA) hasta septiembre de 2027.
¿Es solo un buzón de quejas?
No. El pliego incluye 295 requisitos: atención por todos los canales, registro electrónico, tramitación de expedientes, integración con servicios de la administración, cuadro de mando, migración de nueve millones de documentos y una aplicación móvil para las inspecciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
¿El código es propiedad de la administración?
Sí. El pliego cede la propiedad intelectual al Defensor del Pueblo y exige entregar el código fuente. Pero no se ha publicado, así que no puede auditarse ni reutilizarse fuera de la institución.
¿Podrían todas las comunidades usar el mismo sistema de historia clínica?
Técnicamente, sí. Cada comunidad podría desplegar el mismo software abierto con su propia marca y configuración, compartiendo modelo de datos y estándares como FHIR. Así la interoperabilidad existiría desde el inicio y el desarrollo se pagaría una sola vez a través de un consorcio. El obstáculo es de gobernanza, no tecnológico.
¿Hay países que obliguen a publicar el software público?
Sí. Italia obliga a publicar con licencia abierta el software encargado por la administración, Francia considera el código fuente un documento administrativo desde 2016, y Dinamarca, Estonia, Finlandia y Alemania comparten software público entre administraciones.
En el Parque Tecnológico de Madrid, en Tres Cantos, hay una nave de más de 20.000 metros cuadrados vacía desde hace años y a la venta por 300 millones de euros. Allí estuvo la primera fábrica de microchips que AT&T abrió fuera de Estados Unidos. La inauguró el Rey Juan Carlos I el 1 de diciembre de 1987, producía 6.000 obleas de silicio a la semana y llegó a dar trabajo a cerca de mil personas.
El hombre que la dirigió desde su apertura, Jaime Martorell, es hoy el comisionado especial del PERTE Chip, el plan de 12.250 millones de euros con el que España intenta volver a fabricar semiconductores. Le ha tocado reconstruir lo que vio montar y desmontar.
Las claves de la industria española de chips en 20 segundos
AT&T inauguró en Tres Cantos en 1987 su primera fábrica de chips fuera de Estados Unidos.
El Estado comprometió el 60 % de la inversión. Cerró en 2001 y la nave sigue vacía.
El empleo español en fabricación electrónica cayó de 86.400 personas en 2000 a 35.500 en 2023.
El PERTE Chip moviliza 12.250 millones y no hay ninguna planta avanzada en marcha.
La semana pasada escribí sobre los cuatro intentos europeos de soberanía tecnológica que fracasaron, desde el Plan Calcul de 1966 hasta JESSI. España tuvo su propio capítulo en esa historia, y es bastante menos conocido de lo que debería. Aquí se fabricaron chips, ordenadores y centrales telefónicas. Y luego dejamos de hacerlo.
La fábrica de chips que pagamos entre todos
El acuerdo entre Telefónica y AT&T se cerró a finales del primer trimestre de 1986 y dio lugar a AT&T Microelectrónica de España, participada al 80 % por la americana y al 20 % por la operadora española. Los socios eligieron Tres Cantos porque era Zona de Urgente Reindustrialización, con sus ventajas fiscales.
Aquí viene el dato que cambia la lectura del caso, y que aparece en el trabajo del historiador económico Ángel Calvo: el Gobierno comprometió el 60 % de la inversión total en subvenciones y créditos blandos. No fue una implantación de mercado. Fue política industrial pagada con dinero público, exactamente el mismo instrumento que usamos ahora.
Y funcionó durante un tiempo. La planta fabricaba circuitos integrados CMOS a medida, al principio a 1,75 micras. En 1994 facturaba 185,2 millones de dólares, vendía el 95 % de su producción fuera del grupo AT&T y destinaba el 75 % a Europa. En diciembre de 1995 se anunciaron 147,5 millones de dólares para modernizarla hasta las 0,35 micras y llevarla a 5.000 obleas semanales.
El final llegó rápido. La propiedad pasó de AT&T a Lucent y de Lucent a Agere Systems, y esta última justificó el cierre diciendo que la producción había pasado del 100 % en octubre de 2000 a solo un 25 % de la capacidad a principios de 2001. En julio de ese año se anunció el acuerdo para que BP comprara terrenos, edificios y equipos, con una inversión de más de 20.000 millones de pesetas (unos 120 millones de euros al tipo fijo de conversión de 1998, sin ajustar por inflación) para fabricar células solares y 600 puestos previstos a pleno rendimiento. Aquella actividad fotovoltaica terminó en julio de 2009.
En octubre de 2023 la Asamblea de Madrid rechazó una propuesta para recuperar la fábrica. La nave sigue ahí.
Imagen generada por IA de la fábrica de Tres Cantos.
Standard Eléctrica, Piher y una industria que existió de verdad
Tres Cantos no fue un caso aislado. Hay una frase del Foro Histórico de las Telecomunicaciones que conviene leer despacio: los equipos de telecomunicaciones instalados en España durante el siglo XX fueron casi en su totalidad de fabricación nacional.
Standard Eléctrica, constituida en Madrid el 21 de enero de 1926 por ITT y la Compañía Telefónica Nacional de España, llegó a emplear a unas 23.000 personas y tuvo el monopolio de suministro a Telefónica hasta principios de los setenta. Su fábrica de Villaverde, construida en 1962 e inaugurada en 1964, fabricaba centrales de conmutación y en 1989 declaraba capacidad para 1,8 millones de líneas al año. Pasó al grupo Alcatel en 1986 y su cierre se anunció en otoño de 2001. De sus cuatro plantas solo sobrevive la de Maliaño, y en manos de otra multinacional.
Piher fue la mayor empresa de componentes electrónicos de capital español. Nació en Badalona en 1949 y en 1975 tenía cinco plantas y unas 3.000 personas: Badalona, Tudela, Granollers (donde fabricaba semiconductores de silicio), Madrid y Cardedeu. Suministraba a Philips y a Grundig, y en 1974 era la empresa número 33 entre los grupos industriales españoles.
Su derrota tiene una cifra que lo explica todo sin adjetivos: la competencia del sudeste asiático vendía 500 resistencias por un dólar, y Piher vendía cien por nueve. Presentó suspensión de pagos entre enero y febrero de 1986. Tudela se salvó por la intervención de la Diputación Foral de Navarra y sigue operando hoy bajo otro nombre.
La lista completa da para un museo. Telesincro construyó en Cerdanyola el Factor-P, el primer ordenador diseñado y fabricado en España, con prototipo en 1967, y en 1972 alcanzó el 16 % de las ventas del sector y el tercer puesto del mercado español. Secoinsa, constituida en 1975 por el INI, Fujitsu, Telefónica y varios bancos, fabricó en Málaga hasta que Telefónica vendió la división informática a Fujitsu España en 1986. Investrónica, filial de El Corte Inglés, lanzó en 1986 el primer compatible IBM PC fabricado en España. Telettra hizo en 1982 las antenas de Torre España. Y Sony puso en marcha en agosto de 1991 su planta de Viladecavalls, que en 2010 anunció el cierre y acabó traspasada a Ficosa.
Un Telesincro Factor S de 1971, conservado en el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Foto: Auledas, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.
La cuenta exacta de lo que se fue, y cuándo
Los datos de Eurostat para la rama de fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos son bastante claros:
1995: 61.000 ocupados
2000: 86.400 ocupados
2008: 43.900 ocupados
2023: 35.500 ocupados
De 2000 a 2023 desaparecieron seis de cada diez empleos del sector. Pero lo importante es el tramo intermedio: entre 2000 y 2008, antes de que estallara la crisis financiera, ya se había perdido el 49,2 %. Cuando llegó 2008, la electrónica española llevaba años haciendo las maletas hacia Asia. La crisis no vació el sector. Lo encontró medio vacío.
Hoy fabricar electrónica aporta 18 céntimos de cada 100 euros de valor añadido de la economía española. En el año 2000 eran 53. La manufactura en su conjunto ha pasado del 17,9 % del valor añadido en 2000 al 11,9 % en 2024. Y España exporta 73 euros de alta tecnología por cada 100 que importa.
La otra industria que se vendió entera: el hosting
Mientras la electrónica se iba, en España crecía otra industria tecnológica, más pequeña y más joven. Y también acabó, casi entera, en manos de fuera.
Arrakis, fundada en Sevilla en 1996 por tres personas que se habían conocido en Fidonet, llegó a 70.000 clientes y al 15 % del mercado. La compró British Telecom en 1999 por unos 1.796 millones de pesetas tras la auditoría, alrededor de 10,8 millones de euros. Servicom, el primer gran servicio en línea español, acabó en Retevisión en 1998. Arsys, nacida en Logroño en 1996, se vendió a dos fondos en 2007, que pagaron 160 millones de euros por el 79 %; seis años después la alemana United Internet se llevó el 100 % por unos 140 millones. Nexica fue a la belga Econocom en 2015.
Yo estaba dentro de esa consolidación, así que lo cuento con conocimiento de causa. Monté Ferca Network en Herencia, Ciudad Real, en 1998. Llegamos a más de 15.000 clientes y más de 1.200 servidores dedicados, en una época sin virtualización, cuando un servidor dedicado era literalmente una máquina física entera. En 2008 acens nos compró, a nosotros y a la alicantina Veloxia, en una misma operación que sumaba 30.000 dominios y cuatro millones de euros de facturación. Tres años más tarde, Telefónica compró acens.
Página web de Ferca network sobre el año 2000-2002.
No buscábamos vender. El mercado estaba en plena concentración y el acuerdo tenía la ventaja de no dejarnos fuera del sector, porque pasábamos a ser socios de acens. Es exactamente lo que le ocurrió al resto: el hosting español no desapareció por incompetencia, se vendió porque a partir de cierto tamaño porque la concentración era un punto a favor para seguir creciendo y compitiendo. Pero también he de decir en este punto que hay muchos históricos que siguen desde entonces sin ventas ni fusiones como mi amigo Daniel Salamanca de Comvive Servidores o la gallega DinaHosting.
Hay un detalle de aquella etapa que me sigue pareciendo la mejor metáfora de todo esto. Teníamos un panel de control propio llamado CHS, Custom Hosting System, escrito en C por mi socio David Sánchez, que competía en aquellos años con Plesk y cPanel, los dos estándares mundiales. Dejó de mantenerse el día de la venta. Y casi veinte años después sigue funcionando en algún servidor por ahí, robusto como el primer día y sin una sola línea nueva. No lo mató un fallo técnico. Lo paró una operación corporativa.
Simulación de como era el panel de control CHS de Ferca Network y Veloxia network (zylos).
Lo que quedó: una cooperativa y unos laboratorios públicos
De toda aquella industria de semiconductores queda esencialmente una empresa. Fagor Electrónica, cooperativa del grupo Mondragón fundada en 1959, se presenta como la única fabricante de semiconductores del Estado español y una de las pocas fabricantes de diodos de Europa. Fabrica diodos, rectificadores, tiristores y carburo de silicio, y trabaja en producir por primera vez en España chips de carburo de silicio policristalino.
Lo demás sobrevivió en los laboratorios públicos, no en las fábricas. Y ahí hay una historia que merece ser más conocida: los chips que miden el viento en Marte se hicieron en España. El sensor de viento de la estación REMS del rover Curiosity es un chip de silicio de 1,5 milímetros de lado, con tres elementos de platino, fabricado en la sala blanca del grupo de Micro y Nano Tecnologías de la Universitat Politècnica de Catalunya junto al Centro de Astrobiología, EADS Astrium Crisa y el Centro Nacional de Microelectrónica. Para el rover Perseverance, el cerebro del sensor de viento lo diseñó el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, centro mixto del CSIC y la Universidad de Sevilla.
El instrumento REMS, con sus dos booms, en el mástil del rover Curiosity. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS, dominio público.
La capacidad de fabricar silicio en España no murió del todo. Se refugió en la universidad.
Lo que intentamos ahora, y la pregunta incómoda
El PERTE Chip se anunció en 2022 con 12.250 millones de euros, y esa cifra necesita una lectura honesta. 10.750 millones son un mecanismo financiero que opera mediante préstamos y participación en capital, no subvención directa. A cierre de 2025, el director general de la sociedad pública que lo gestiona cifraba en torno a mil millones las operaciones aprobadas en semiconductores. De los 9.350 millones reservados para fabricación no se ha materializado nada: el proyecto de Broadcom, anunciado en 2023 por unos mil millones, se cayó en julio de 2025 sin explicación pública. España no tiene hoy ninguna planta comercial confirmada de lógica avanzada.
Lo que sí avanza es otra cosa, más modesta y quizá más sensata. El centro de semiconductores de Málaga, con obras adjudicadas en mayo de 2026 por 168 millones dentro de 500 comprometidos, tendrá 2.000 metros cuadrados de sala blanca y más de sesenta máquinas para obleas de 300 milímetros, y lo operará el belga imec: será su primera instalación fuera de Bélgica. SPARC construye en Vigo la primera fábrica de chips fotónicos de España, con 17,2 millones y unos 200 empleos directos previstos. Diamond Foundry levanta instalaciones en Trujillo y Zaragoza con 752 millones de participación pública sobre una inversión de 2.350 millones hasta 2029.
Ninguno de esos proyectos es una megafábrica, y precisamente por eso me parecen más creíbles que la megafábrica que no llegó.
Centro de microelectrónica en Málaga, imagen virtual del SETT.
Queda la pregunta incómoda, y es la misma que dejé abierta la semana pasada. Tres Cantos se construyó con el 60 % de dinero público y acabó vacía en catorce años. No falló por falta de inversión ni de tecnología: falló cuando su dueño decidió que le salía más barato fabricar en otro sitio. Poner dinero público sabemos hacerlo, lo hicimos en 1987. Lo que no hemos resuelto todavía es lo otro: quién compra después.
Preguntas frecuentes
¿España ha fabricado chips alguna vez?
Sí. AT&T Microelectrónica de España operó en Tres Cantos desde 1987 hasta 2001, fabricando circuitos integrados CMOS a medida y produciendo unas 6.000 obleas de silicio a la semana. Hoy Fagor Electrónica sigue fabricando semiconductores de potencia en Mondragón.
¿Cuándo se perdió la industria electrónica española?
Sobre todo entre 2000 y 2008. En ese periodo el empleo del sector cayó un 49,2 %, antes de la crisis financiera. Entre 2000 y 2023 la caída total fue del 58,9 %, según datos de Eurostat.
¿Qué es el PERTE Chip y en qué punto está?
Es el plan español de microelectrónica y semiconductores, dotado teóricamente con 12.250 millones de euros, de los que 10.750 son instrumentos financieros y no subvención directa. A cierre de 2025 había alrededor de mil millones en operaciones aprobadas y ninguna planta de fabricación avanzada en marcha.
¿Qué queda hoy de la industria de hosting española?
Muy poco de capital nacional. Arrakis fue a British Telecom, Arsys a la alemana United Internet, Nexica a la belga Econocom y acens a Telefónica. Siguen operando empresas españolas independientes, pero el grueso del sector cambió de manos entre 1999 y 2015.
En abril escribí que la soberanía digital europea era un espejismo mientras siguiéramos fragmentados. Decía entonces que a Europa no le falta talento, ni tecnología, ni dinero, y que la compra pública era la palanca más potente que teníamos y la estábamos desperdiciando. Cinco meses después han pasado dos cosas que merecen un artículo.
La primera es que han empezado a aparecer contratos de verdad: Airbus, el Gobierno federal alemán y la Generalitat de Catalunya han firmado en los últimos meses acuerdos con requisitos de soberanía escritos en el pliego. La segunda es que me he puesto a repasar la historia, y resulta que esto que estamos haciendo ahora Europa ya lo intentó cuatro veces desde 1966. Y perdió las cuatro.
Las claves de la soberanía tecnológica europea en 30 segundos
Francia lanzó el Plan Calcul en 1966 tras un veto estadounidense y lo cerró en 1975 sin alcanzar sus objetivos.
Unidata, el Airbus de la informática, llegó al 13,2 % de las ventas europeas de ordenadores en 1973 y lo disolvió el propio Gobierno francés.
Siemens y Philips cumplieron el calendario técnico del proyecto MEGA y Siemens admite hoy que no fue un éxito económico.
De JESSI no salió la industria de memorias que se buscaba, pero sí el apoyo temprano a ASML.
Airbus, Alemania y la Generalitat ya han firmado contratos con requisitos explícitos de soberanía.
Repasar esos cuatro intentos no es nostalgia. Ninguno falló por falta de presupuesto público ni por incapacidad técnica, y entender por qué cayó cada uno explica bastante mejor lo que nos pasa hoy que seguir comparando catálogos de servicios entre un proveedor europeo y un hiperescalar americano.
Un veto de Estados Unidos y una respuesta en dos meses
En mayo de 1966 Estados Unidos se negó a entregar dos superordenadores CDC 6600 al Commissariat à l’énergie atomique francés. Los motivos que se invocaron fueron la salida de Francia del mando integrado de la OTAN y el tratado de no proliferación. El golpe llegaba después de otro: en 1964 General Electric había tomado el control de la Compagnie des Machines Bull y había cancelado dos modelos de ordenador franceses.
De Gaulle aprobó el Plan Calcul en julio de 1966, dos meses después del veto. En diciembre nació la Compagnie Internationale pour l’Informatique, bajo tutela directa del primer ministro. Francia gastó más de 100 millones de dólares en los cinco primeros años y esperaba que la nueva compañía facturase 200 millones antes de 1975.
Y el negocio creció de verdad. La facturación pasó de 370 millones de francos en 1970 (unos 56 millones de euros al tipo fijo de conversión de 1998, sin ajustar por inflación) a 1.350 millones en 1974 (unos 206 millones), y su cuota del parque instalado francés subió del 7,5 % al 10 %. Aun así el plan se dio por terminado en 1975 y la empresa acabó fusionada con la estadounidense Honeywell. Entre 1977 y 1980 las subvenciones sumaron 812 millones de francos, unos 124 millones de euros, frente a 724 millones de beneficios acumulados, unos 110 millones. El Estado puso más de lo que la compañía ganó.
El argumento con el que Bruselas legisla en 2026 es exactamente el mismo que el de París en 1966: no depender de un proveedor extranjero para infraestructura considerada estratégica.
Unidata: el Airbus que sí se intentó, y que Francia desmontó
En abril usé la comparación con Airbus para explicar lo que Europa debería hacer con la infraestructura digital. Lo que no sabía entonces, y me parece el hallazgo más incómodo de todo este repaso, es que el Airbus de la informática se intentó de verdad, y llegó a funcionar.
Se llamaba Unidata y reunía a la francesa CII, a la alemana Siemens y a la neerlandesa Philips. El reparto de trabajo estaba claro: Philips ponía los semiconductores, Siemens los periféricos y el almacenamiento magnético, y CII la arquitectura, el software y la dirección del proyecto. El acuerdo se firmó en Ámsterdam el 4 de julio de 1973.
Panel frontal de un CII Mitra 15, de la empresa creada por el Plan Calcul francés. Foto: Damien.b, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.
En 1973 el consorcio reunía el 13,2 % de las ventas europeas de ordenadores y el 9,8 % del parque instalado. Las primeras máquinas se entregaron en 1974.
Lo que lo detuvo no fue el mercado. En 1975, recién elegido, Valéry Giscard d’Estaing denunció de forma unilateral el acuerdo. Detrás de la ruptura estuvo Ambroise Roux, presidente de CGE y accionista de peso en CII, que temía que Unidata acabara compitiendo con sus intereses en telecomunicaciones. Francia prefirió entregar su participada a Honeywell y el consorcio se disolvió en diciembre de ese año.
Aquí está la diferencia que importa, y que matiza mi propio argumento de abril. Airbus voló porque las aerolíneas compraron aviones. Los Estados no podían garantizar a Unidata una cuota equivalente en un mercado informático abierto, y sin demanda asegurada el consorcio dependía de que tres accionistas con intereses distintos siguieran remando en la misma dirección. Bastó con que uno dejara de remar.
Un Bull KBU de 1971. La empresa fue nacionalizada por Francia en 1982 y vuelta a comprar por el Estado francés en marzo de 2026. Foto: Myoth, dominio público, vía Wikimedia Commons.
Bull, la empresa que estaba en el origen de todo aquello, fue nacionalizada en 1982, privatizada en los noventa y vendida a Atos en 2014. El 31 de marzo de 2026 el Estado francés la compró entera otra vez, por un valor de empresa de hasta 404 millones de euros.La nota oficial habla de nuevo de soberanía digital. Cuarenta y cuatro años para volver al punto de partida.
Cumplir el calendario y perder igual
El tercer intento fue industrial y tenía fecha de entrega. En julio de 1984, en Estocolmo, el presidente de Siemens, Karl Heinz Kaske, presentó el proyecto MEGA junto a Philips. Siemens comprometiía 1.400 millones de marcos (unos 716 millones de euros al tipo fijo de conversión de 1998, sin ajustar por inflación), 800 de ellos en investigación. El desarrollo conjunto se presupuestó en 1.500 millones de marcos (unos 767 millones de euros), con 700 millones de participación neerlandesa (unos 358 millones). El Gobierno alemán aportaba 300 millones de marcos (unos 153 millones de euros) y el neerlandés 200 millones de florines (unos 91 millones de euros, siempre con el cambio fijo de 1998 como indicaba antes).
El calendario declarado era concreto: memorias de 1 megabit fabricándose a partir de 1987 y de 4 megabit entre 1989 y 1990.
Y lo cumplieron. En 1987 Siemens fue, junto a Toshiba, la primera compañía occidental en producir en serie chips de 1 megabit, y los de 4 megabit llegaron en 1989. Lo llamativo es lo que la propia Siemens escribe hoy en su cronología corporativa: que aspiraba al liderazgo mundial en cinco años y que el proyecto no fue un éxito económico, aunque le permitiera acercarse a sus competidores.
Un chip de memoria Siemens de la serie HYB, heredera del linaje de DRAM que arrancó con el proyecto MEGA. Este modelo concreto es posterior, de finales de los noventa. Foto: Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.
Ese es el dato que hay que retener, y viene de la empresa que lo protagonizó, no de sus críticos. No falló la ingeniería ni el plazo. Falló el negocio.
Hay además un detalle que redondea la historia. La tecnología CMOS de 1 megabit llegó a Siemens mediante un acuerdo de licencias con Toshiba. El programa europeo para dejar de depender de los fabricantes japoneses licenció a un fabricante japonés la tecnología con la que pensaba conseguirlo.
Philips llegó a ser el mayor fabricante de chips de Europa y el séptimo del mundo. Los beneficios fueron decepcionantes y después vino la reorganización Operation Centurion, con 50.000 empleos suprimidos a escala global entre 1990 y 1997.
Lo que salió de JESSI no fue lo que se fue a buscar
El cuarto intento fue el más ambicioso. JESSI, la Joint European Submicron Silicon Initiative, arrancó el 1 de julio de 1989 dentro del marco EUREKA, coordinada desde Múnich, con 157 participantes de trece países. Alemania aportó 59 y Francia 53. España, tres. Un informe estadounidense de 1992 preveía una financiación de 8.000 millones de dólares, con más de 4.500 millones procedentes de gobiernos comunitarios. La ficha oficial del programa, por cierto, nunca ha publicado su presupuesto.
Bernhard Dachs, del Austrian Institute of Technology, publicó en septiembre de 2025 el análisis retrospectivo más completo que he encontrado. Su conclusión tiene tres partes y las tres se leen hoy como una advertencia. El cambio tecnológico dejó obsoletos objetivos iniciales importantes. El propósito de forjar una alianza europea chocó con las estrategias globales de las propias multinacionales participantes, que buscaban a la vez socios fuera de Europa. Y, pese a todo, el programa dejó beneficios a largo plazo que nadie había planificado, entre ellos el apoyo temprano a ASML.
Instalaciones de ASML en Veldhoven. El apoyo temprano del programa JESSI fue uno de los pocos resultados duraderos de aquella iniciativa. Foto: Minister-president Rutte / Rijksoverheid, CC BY 2.0, vía Wikimedia Commons.
Merece la pena detenerse ahí. ASML es hoy la única empresa del mundo capaz de fabricar las máquinas de litografía ultravioleta extrema con las que se producen los chips más avanzados, y cerró 2025 con 32.700 millones de euros de ventas. Europa no consiguió en 1989 lo que fue a buscar, que era una industria de memorias propia. Consiguió otra cosa, más valiosa, que no estaba en el plan.
El mismo Dachs escribía en 2023, sobre la Ley Europea de Chips, que caben dudas razonables porque varias iniciativas similares no alcanzaron sus objetivos en el pasado. Citaba JESSI como ejemplo.
Lo que ha cambiado desde abril: han empezado a firmarse contratos
Los datos de hoy no invitan al triunfalismo. El Tribunal de Cuentas Europeo concluyó en 2025 que alcanzar el 20 % de la producción mundial de chips en 2030 exigiría cuadruplicar la capacidad europea, y que no estamos cerca. La previsión de la propia Comisión es del 11,7 %. El Cloud and AI Development Act sigue siendo una propuesta en tramitación, no derecho aplicable.
Lo que sí ha cambiado es más aburrido y más eficaz que cualquier reglamento: alguien ha empezado a firmar.
Airbus seleccionó a Scaleway en julio de 2026 para alojar parte de sus aplicaciones críticas en un entorno soberano, sin abandonar el resto de su cartera cloud. En Alemania, un consorcio liderado por SVA, con Codesphere y Schwarz Digits a través de STACKIT, figura entre los adjudicatarios de la plataforma de inteligencia artificial del ministerio federal de Digitalización, un contrato marco de alrededor de 250 millones de euros. Y en España, la Generalitat de Catalunya licitó en julio una nube pública soberana por 481 millones de euros a ocho años, con certificación SEAL 3 y la exigencia de que el proveedor esté sujeto de forma exclusiva a legislación europea.
La operación catalana es la más interesante de las tres, porque convierte la soberanía en un requisito de pliego mientras el marco europeo sigue siendo un texto en discusión. Es justo lo que pedía en abril: compra pública con criterios, no declaraciones.
Lo que dicen las empresas cuando les preguntas en serio
Conviene meter aquí el contrapeso, porque si no este artículo se convierte en otro texto optimista de los que ya hay demasiados. Capgemini encuestó en abril de 2026 a 1.300 directivos de grandes organizaciones, España incluida, y publicó los resultados este mes.
El 59 % considera irrealista la soberanía digital plena. El 36 % calcula que cambiar de proveedor crítico le llevaría más de doce meses y un 10 % reconoce que no tiene alternativa viable. Solo el 14 % tiene visibilidad completa de sus dependencias tecnológicas. Y casi la mitad no está dispuesta a asumir el sobrecoste que atribuye a la soberanía, que el propio estudio estima en un 23 %.
Ese último dato es el que más me interesa, porque es el que separa el discurso de la factura. Llevo años oyendo en reuniones que la soberanía importa. Importa hasta que aparece el 23 %.
Plan Calcul, Unidata, MEGA y JESSI tuvieron presupuesto, tecnología y respaldo político. Lo que ninguno tuvo fue alguien obligado a comprar. Si esta vez sale distinto no será por el reglamento que se apruebe en Bruselas, sino por cuántas administraciones y cuántas empresas europeas hagan lo que acaban de hacer Airbus, el Gobierno alemán y la Generalitat. Y por si están dispuestas a pagar la diferencia cuando llegue la factura.
Preguntas frecuentes
¿Qué fue el Plan Calcul?
Un programa francés aprobado en julio de 1966 para crear una industria informática nacional, después de que Estados Unidos vetara la venta de dos superordenadores al programa nuclear francés. Se cerró en 1975 sin alcanzar sus objetivos de facturación.
¿Por qué fracasó Unidata si tenía cuota de mercado?
Porque su continuidad dependía de decisiones políticas y accionariales, no de sus ventas. En 1975 el Gobierno francés denunció el acuerdo de forma unilateral, presionado por intereses industriales internos, y prefirió entregar su participada a un socio estadounidense.
¿Puede la Ley Europea de Chips alcanzar el 20 % de cuota mundial en 2030?
El Tribunal de Cuentas Europeo lo considera muy improbable y calcula que exigiría cuadruplicar la capacidad de producción actual. La previsión de la propia Comisión Europea es del 11,7 %.
¿Qué diferencia hay entre los intentos anteriores y la situación actual?
Los cuatro programas históricos financiaron oferta sin asegurar demanda. En 2026 han empezado a aparecer contratos con requisitos explícitos de soberanía, firmados por clientes concretos como Airbus, el Gobierno federal alemán y la Generalitat de Catalunya.
