La semana pasada conté cómo jugaba al ajedrez contra un 286 en 1990 y cómo, en junio de 1998, Kaspárov inventó en León el ajedrez avanzado sentado delante de Fritz 5, el programa estrella de la alemana ChessBase. En aquella época, si querías el mejor ajedrez por ordenador, pasabas por caja.
Veintitrés años después, en 2021, los desarrolladores de un programa gratuito demandaron a esa misma ChessBase ante un tribunal de Múnich. La acusaban de vender como propio código que era suyo, que era libre y que cualquiera podía descargar. Y ganaron.
Entre una fecha y otra, el ajedrez por ordenador dio la vuelta por completo. Hoy el motor más fuerte del mundo no lo hace ninguna empresa, no cuesta nada y lo mejora gente que dona su tiempo y la potencia de sus ordenadores. Cuando lo leo, me acuerdo de Fidonet. En 1995 yo era CoSysop de EUI-CR BBS, con la dirección 2:341/100.2, y aquella red funcionaba porque muchos dejábamos nuestros equipos llamándose de madrugada para mover los mensajes de otros. Nadie cobraba. Funcionaba igual. (Lo conté con más detalle en mi etapa como sysop de una BBS de Fidonet.)
Las claves en 20 segundos
Stockfish, el motor de ajedrez más fuerte del mundo, es software libre bajo licencia GPL y lo crearon tres programadores europeos.
Cada mejora se prueba en miles de partidas jugadas en ordenadores de voluntarios antes de entrar en el código.
Cuando Google presentó AlphaZero en 2017, la comunidad respondió con Leela y con NNUE, una red neuronal pequeña nacida del shogi japonés que corre en cualquier portátil.
En 2022, ChessBase tuvo que reconocer ante un tribunal de Múnich que había incumplido la licencia de Stockfish.
Lichess, una organización francesa sin ánimo de lucro, sirve unos cinco millones de partidas al día, sin anuncios, desde servidores de OVH en Francia.
Un motor que no es de nadie
Stockfish nació en 2008 a partir de Glaurung, un motor libre que el noruego Tord Romstad había publicado en 2004. Con él lo desarrollaron el italiano Marco Costalba y el finlandés Joona Kiiski. Tres europeos, ninguna empresa detrás y una licencia, la GPL, que obliga a que cualquiera que lo distribuya entregue también el código.
Dieciocho años después, Stockfish es el motor más fuerte del mundo. La versión 19 salió el 5 de septiembre de 2026 y en la lista de referencia CCRL ronda los 3.650 puntos de Elo funcionando con solo cuatro núcleos. Para ponerlo en contexto: el mejor humano de la historia nunca ha llegado a 2.900.
Lo curioso es quién lo usa. Lichess lo ofrece gratis a todos sus usuarios, y Chess.com, la gran plataforma comercial, también lo integra en su análisis. Los programas de pago que dominaban el mercado en los noventa compiten hoy contra algo que cualquiera puede descargar, estudiar y mejorar. Es justo lo contrario de lo que pasa con el software que compran tantas administraciones, algo de lo que hablé hace poco a raíz de un buzón que se ha pagado diecisiete veces.
Miles de ordenadores que no son de nadie
El secreto de Stockfish no es un genio aislado. Es un método. En 2013, el programador Gary Linscott montó Fishtest, una plataforma de pruebas distribuida que el propio proyecto destacó como el gran cambio de la versión 3.
Funciona así: cualquiera puede proponer una mejora, pero solo entra en el código si demuestra, en miles de partidas jugadas en ordenadores de voluntarios, que hace al motor más fuerte. No vale la opinión de nadie ni el cargo de nadie. Vale la estadística. La inmensa mayoría de las ideas se descartan, y las pocas que superan la prueba suman unos pocos puntos de Elo cada una. Así, versión a versión, durante años.
Lichess usa la misma lógica para algo más cotidiano. Analizar una partida con un motor consume mucha más potencia que guardar las jugadas, así que el análisis lo hace fishnet, una red de voluntarios que ceden la CPU de sus portátiles o servidores para analizar las partidas de otros.
Es el mismo espíritu de los nodos de Fidonet que se llamaban de madrugada, solo que en lugar de mover mensajes de una BBS a otra, calculan variantes de ajedrez. Y demuestra algo que a veces se nos olvida en tecnología: una comunidad bien organizada puede tener más capacidad que una empresa.
Cuando llegó Google, y lo abierto respondió
En diciembre de 2017, DeepMind, el laboratorio de inteligencia artificial de Google, presentó AlphaZero. No le habían enseñado nada de ajedrez salvo las reglas: aprendió jugando millones de partidas contra sí mismo y después aplastó a Stockfish 8 en un encuentro de cien partidas. Parecía el final de los motores clásicos. Y era cerrado: ni código, ni red, ni forma de reproducirlo con hardware normal.
La comunidad no se quedó mirando. El 9 de enero de 2018, Gary Linscott, el mismo que había montado Fishtest, anunció Leela Chess Zero, una réplica abierta de la idea de AlphaZero entrenada con partidas generadas por voluntarios en sus propios equipos. En 2019 Leela ya ganaba la superfinal del campeonato de motores TCEC.
Pero el giro más bonito vino de Japón. En 2018, el programador Yu Nasu inventó NNUE para el shogi, el ajedrez japonés: una red neuronal pequeña que solo recalcula lo que cambia tras cada jugada, pensada para funcionar rápido en un procesador normal, sin las tarjetas especializadas que necesitaba Google. Otro programador japonés, Hisayori Noda, conocido como Nodchip, la llevó a Stockfish como prueba de concepto.
En septiembre de 2020 salió Stockfish 12 con NNUE, y frente a la versión anterior ganaba diez veces más pares de partidas de los que perdía. Desde 2023 Stockfish ya solo usa esa red. La gran idea de una de las mayores empresas del mundo fue absorbida, adaptada y superada por una comunidad abierta en menos de tres años, y además en un formato que cabe en cualquier portátil.
El día que el software libre demandó a ChessBase
En febrero de 2021, ChessBase lanzó Fat Fritz 2 como uno de sus productos estrella. Los equipos de Stockfish y de Leela no tardaron en denunciar públicamente que, por dentro, era básicamente Stockfish con cambios mínimos, vendido sin cumplir la licencia. Lo mismo señalaron de Houdini 6, otro motor que distribuía la empresa.
Interfaz de Chessbase mostrando la posición del juego Anderssen-Kieseritzky, 1851 después de la jugada 17 del negro.
En julio de 2021, Tord Romstad y Stéphane Nicolet, dos de los desarrolladores principales, presentaron una demanda en el tribunal regional de Múnich. No pidieron dinero. Pidieron que se cumpliera la licencia: que los clientes supieran que estaban usando Stockfish, que pudieran acceder al código y que ChessBase dejara de distribuirlo mientras no respetara esas condiciones. En la vista pública de julio de 2022, el juez confirmó que los autores podían retirar la licencia a quien la incumpliera.
El acuerdo llegó en noviembre de 2022. ChessBase reconoció que no había cumplido la GPL con Fat Fritz 2 y Houdini 6, se comprometió a no distribuir Stockfish durante un año, a publicar un aviso en sus webs y a dar crédito en el futuro. La Software Freedom Conservancy lo calificó de acuerdo histórico.
La ironía cierra el círculo con la entrega anterior. La empresa cuyo programa usó Kaspárov para inventar el ajedrez avanzado en León tuvo que reconocer, veinticuatro años después, que se había apoyado en el trabajo libre de otros sin respetar sus reglas.
Lichess: cinco millones de partidas al día con presupuesto de pyme
Lichess empezó en 2010 como proyecto personal del programador francés Thibault Duplessis. Hoy es una asociación sin ánimo de lucro registrada en Francia, de código abierto, sin anuncios y gratuita para todo el mundo. Los donantes no reciben ninguna ventaja, solo un pequeño icono junto a su nombre. Confieso que Bruno y yo jugamos casi siempre con tablero físico, y cuando tiramos de pantalla suele ser alguna partida en Duolingo o en Chess.com. Pero precisamente por eso me parece tan llamativo lo que ha conseguido Lichess.
Los números son difíciles de creer. Sirve en torno a cinco millones de partidas al día y guarda más de 12.000 millones en su base de datos. Según sus cuentas públicas, todo el proyecto, con servidores, sueldos y gastos, costaba unos 517.000 dólares al año en 2025. Eso sale a menos de tres centésimas de céntimo por partida.
Y aquí viene el detalle que me toca de cerca. Lichess no está en ningún hiperescalador estadounidense. Funciona sobre servidores dedicados de OVH en Francia. Lo hace porque es mucho más barato que montar lo mismo en una gran nube americana, y para una organización que vive de donaciones esa diferencia es la que permite seguir siendo gratis. Lo cuento con conocimiento de causa, porque en Stackscale nos dedicamos precisamente a esto: infraestructura cloud privada y servidores en centros de datos europeos, bajo jurisdicción europea. Ver a un proyecto como Lichess servir a millones de personas sin pasar por una gran nube americana es la mejor demostración de que este modelo funciona.
Tampoco es perfecto. Tener los servidores físicos en un único proveedor tiene sus riesgos, y Lichess los ha sufrido: en febrero de 2026 una incidencia en la infraestructura de OVH dejó tocados varios de sus servicios. Pero es una elección consciente, con sus pros y sus contras, hecha por un proyecto europeo con infraestructura europea. Es exactamente el tipo de ejemplo que echaba en falta cuando escribí sobre los intentos de Europa de ser soberana en tecnología.
Lo que el ajedrez le enseña al software público
Si juntas las piezas, el dibujo es claro. El mejor motor del mundo lo hicieron tres europeos y lo mantiene una comunidad abierta. Su mayor salto técnico vino de un programador japonés que publicó su idea. La plataforma más querida por los jugadores es una asociación francesa que funciona con donaciones sobre servidores franceses. Y cuando una empresa intentó quedarse con ese trabajo sin respetar las reglas, un tribunal alemán le dio la razón a la comunidad.
Nada de esto ha necesitado un gran plan europeo, ni un consorcio con doscientos socios, ni una subvención de miles de millones. Ha necesitado tres cosas: código abierto, reglas claras sobre cómo se comparte y una forma objetiva de decidir qué mejora entra y qué no.
Por eso me cuesta tanto entender que una administración pague varias veces el mismo software cerrado. El ajedrez lleva más de quince años demostrando que lo compartido puede ser lo mejor, no solo lo más barato. La pregunta incómoda es por qué lo que funciona en un tablero no lo aplicamos al software que pagamos entre todos.
La próxima semana cambio de tercio y paso de los motores a las personas. Los modelos de inteligencia artificial de los que todo el mundo habla también juegan al ajedrez, y lo hacen de una forma muy reveladora. Pero eso, y lo que he aprendido viendo a mi hijo superarme, lo dejo para la siguiente entrega.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el motor de ajedrez más fuerte del mundo? Stockfish. Es software libre bajo licencia GPL y su versión 19, de septiembre de 2026, ronda los 3.650 puntos de Elo en la lista CCRL con cuatro núcleos.
¿Stockfish es gratis? Sí. Se puede descargar gratis en stockfishchess.org y usar en cualquier programa compatible. Lichess y Chess.com también lo usan para el análisis de partidas.
¿Qué es NNUE? Una red neuronal pequeña y eficiente que solo recalcula lo que cambia tras cada jugada. La inventó Yu Nasu en 2018 para el shogi y Stockfish la incorporó en 2020.
¿Cómo se financia Lichess? Con donaciones. Es una asociación sin ánimo de lucro registrada en Francia, sin anuncios, y todas sus funciones son gratuitas para todos los usuarios.
Aprendí a mover las piezas a finales de los ochenta. No recuerdo bien cómo: probablemente con algún ajedrez, hecho en España no en China, que había por casa y sus instrucciones. Lo que sí recuerdo es lo que vino poco después.
En 1990 llegó mi primer PC, un Tandon 286 con MS-DOS, y con él un programa de ajedrez cuyo nombre ya no recuerdo. Ahí avancé de verdad, sin nadie al otro lado del tablero. La máquina no se cansaba, no se distraía y no tenía prisa por irse a cenar. Perdía casi siempre, y cada derrota me enseñaba algo. Nadie me explicó una apertura: las descubría a base de perder.
No lo sabía entonces, pero estaba repitiendo a pequeña escala algo que la informática llevaba haciendo casi ochenta años: usar el ajedrez para medir hasta dónde puede pensar una máquina. Tampoco sabía que esa historia empieza en Madrid.
Después jugué alguna partida con Windows 3.1 e incluso con OS/2 de IBM, pero poco a poco lo fui dejando de lado durante décadas. Hace unos dos años volví al tablero casi por casualidad. Con mi hijo Bruno jugamos a todo tipo de juegos de mesa, y un día le hablé del ajedrez, lo probamos y le encantó. Hoy tiene casi ocho años, va a clases y me gana más partidas de las que pierde. Esa vuelta me ha hecho mirar atrás, y lo que he encontrado da para varios artículos. Este es el primero.
Las claves en 20 segundos
En 1912 Leonardo Torres Quevedo construyó en Madrid El Ajedrecista, la primera máquina que jugaba al ajedrez sin un humano escondido dentro.
A mediados del siglo XX, Turing y Shannon convirtieron el ajedrez en el problema de referencia de la inteligencia artificial.
Un gran maestro español, Miguel Illescas, formó parte del equipo de IBM que preparó a Deep Blue para derrotar a Kaspárov en 1997.
En junio de 1998, en León, se jugó el primer encuentro de ajedrez avanzado: humano más máquina. Nació el centauro.
Antes de las máquinas, los trucos
La historia de las máquinas que juegan al ajedrez empieza con una trampa. En 1770, el inventor húngaro Wolfgang von Kempelen presentó en la corte de Viena el Turco: un muñeco vestido con turbante, sentado sobre un armario lleno de engranajes, que jugaba y ganaba partidas.
Durante décadas recorrió Europa y América, y se dice que jugó contra Napoleón y Benjamin Franklin. El secreto era sencillo: dentro del armario se escondía un buen jugador de carne y hueso. Edgar Allan Poe le dedicó un ensayo en 1836 para explicar por qué tenía que ser un fraude. El Turco acabó destruido en un incendio en Filadelfia en 1854.
Aquel engaño dejó una pregunta en el aire durante más de un siglo: ¿podría una máquina, de verdad, decidir una jugada por sí misma? La primera respuesta honesta llegó desde España.
Madrid, 1912: la máquina que no hacía trampa
En 1912, en su laboratorio del Ateneo de Madrid, el ingeniero cántabro Leonardo Torres Quevedo terminó El Ajedrecista. Está considerada la primera máquina de la historia capaz de tomar decisiones por sí misma, y no había nadie escondido dentro.
El Ajedrecista de Leonardo Torres Quevedo. Foto: Olea, CC0, vía Wikimedia Commons.
No jugaba una partida entera. Resolvía un final concreto: su rey y su torre contra el rey solitario de un humano. Pero lo hacía sin ayuda, desde cualquier posición inicial, y siempre daba mate. No siempre por el camino más corto, porque Torres simplificó el algoritmo, pero nunca fallaba. Si el rival hacía una jugada ilegal, la máquina lo detectaba y lo señalaba.
Se presentó en la Feria de París de 1914 y en noviembre de 1915 la revista Scientific American le dedicó un artículo. En 1920, con su hijo Gonzalo, construyó una segunda versión que movía las piezas con electroimanes bajo el tablero, como si se movieran solas. Las dos máquinas se conservan en el Museo Torres Quevedo (que podéis visitar) de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Segundo ajedrecista de Torres Quevedo, en el Museo Torres Quevedo de la Escuela de Caminos (UPM). Foto: MdeVicente, dominio público, vía Wikimedia Commons.
Torres Quevedo no era un excéntrico con una máquina curiosa. Había inventado el Telekino, uno de los primeros mandos a distancia por radio, y el transbordador que todavía cruza sobre el remolino de las cataratas del Niágara. En 1914 publicó sus Ensayos sobre Automática, donde planteaba que una máquina podía elegir entre opciones según las circunstancias. Treinta años antes de los primeros ordenadores, alguien en Madrid ya estaba pensando en lo que hoy llamamos inteligencia artificial.
Leonardo Torres Quevedo en 1921. Autocromo de Auguste Léon, dominio público.
Cuando leo esto pienso en mi PC de 1990. El programa que me ganaba no era tan distinto en espíritu: reglas, posiciones y una decisión. Solo que Torres lo hizo con engranajes y relés, ocho décadas antes.
Del papel al silicio: Turing y Shannon
El siguiente salto lo dieron dos de los padres de la informática, y los dos eligieron el ajedrez.
Alan Turing escribió con David Champernowne, hacia 1948, un programa de ajedrez llamado Turochamp. Puedes probarlo en esta réplica en GitHub. No existía ningún ordenador capaz de ejecutarlo, así que en 1952 Turing lo ejecutó él mismo, a mano, con papel y lápiz, tardando del orden de media hora por jugada. Jugó contra su colega Alick Glennie y perdió. El primer programa de ajedrez de la historia funcionó antes de que hubiera una máquina para correrlo.
En 1950, Claude Shannon publicó Programming a Computer for Playing Chess, el artículo que fijó las bases de todos los motores posteriores. Calculó que el número de partidas posibles ronda 10 elevado a 120, una cifra que hoy se conoce como número de Shannon, y describió dos caminos: calcularlo todo hasta cierta profundidad por fuerza bruta, o seleccionar solo las jugadas prometedoras, como hacemos los humanos.
A partir de ahí, el ajedrez se convirtió en el banco de pruebas de la inteligencia artificial. Al matemático soviético Alexander Kronrod se le atribuye la frase de que el ajedrez era la drosófila de la IA: el organismo sencillo con el que se experimenta para entender algo mucho más grande. Durante cuarenta años, ganar al campeón del mundo fue la meta.
Un español dentro de Deep Blue
En febrero de 1996, en Filadelfia, Garri Kaspárov se enfrentó a Deep Blue, el superordenador de IBM. Perdió la primera partida, pero ganó el encuentro por 4-2. Lo que casi nadie sabía es que, para la revancha, IBM iba a reforzar su equipo con un español.
Uno de los armarios de Deep Blue, expuesto en el Computer History Museum. Foto: Anton Chiang, CC BY 2.0, vía Wikimedia Commons.
Miguel Illescas, nacido en Barcelona en 1965, era gran maestro, ocho veces campeón de España y el primer español en superar los 2.600 puntos de Elo, en 1992. Y además era informático de profesión. IBM llevó una versión beta de Deep Blue a Barcelona y le propuso jugar contra ella. Después, hablando con los ingenieros, Illescas les dijo que con Kaspárov no tenían ninguna posibilidad tal como estaba la máquina. Le ficharon.
Pasó cerca de dos años trabajando en el proyecto, y en 1997 viajó a Yorktown Heights, el centro de investigación de IBM. El equipo combinaba ingenieros y grandes maestros que ayudaban a afinar el libro de aperturas y el estilo de juego de la máquina. Firmó un acuerdo de confidencialidad de diez años que le impidió contar nada durante una década.
En mayo de 1997, en Nueva York, Deep Blue ganó la revancha por 3,5 a 2,5. Fue la primera vez que un campeón del mundo perdía un encuentro contra una máquina en condiciones de torneo. Kaspárov insinuó que había habido intervención humana, pidió otro encuentro y IBM se negó y desmontó el proyecto. La historia ha inspirado incluso una serie de televisión, Rematch.
Garry Kasparov y Joe Hoane, del equipo de Deep Blue, durante la revancha de 1997 en la ciudad de Nueva York. Fuente IBM Deep Blue.
Y un detalle que me encanta: unos años después, Illescas fue entrenador y analista de Vladímir Krámnik, que en el año 2000 le arrebató a Kaspárov el título mundial. Un español estuvo detrás de dos de las derrotas más sonadas del mejor jugador de su época.
León, 1998: el día que nació el centauro
Al perder contra Deep Blue, Kaspárov podría haberse dedicado a pelearse con las máquinas. Hizo otra cosa: se preguntó qué pasaría si, en lugar de jugar contra el ordenador, jugaba con él. La idea era sencilla. El humano aporta intuición, plan y criterio; la máquina, cálculo sin errores a una velocidad imposible.
El primer encuentro de ese ajedrez avanzado se jugó en junio de 1998 en León, dentro del Torneo Magistral Ciudad de León que organizaba Marcelino Sión. Kaspárov jugó con el programa alemán Fritz 5 y Veselin Topalov con ChessBase 7.0, con 60 minutos por jugador. Empataron 3-3 y Kaspárov se llevó el desempate.
Topalov lo recordaba años después como una revolución: la suma del ser humano y la máquina, en un momento en el que casi nadie lo imaginaba. Al jugador que combina las dos cosas se le empezó a llamar centauro, mitad humano y mitad máquina.
Lo que vino después confirmó la intuición. En los torneos abiertos de ajedrez avanzado que se celebraron en internet a mediados de los 2000, las parejas de aficionados que sabían manejar bien varios programas llegaron a superar a grandes maestros con ordenador. No ganaba el mejor jugador ni el mejor programa, sino quien mejor sabía trabajar con la máquina.
Leídas hoy, esas palabras suenan a cualquier conversación sobre programar con IA en 2026. En León se ensayó, hace veintiocho años, la relación que ahora estamos aprendiendo a tener con estas herramientas.
Lo que yo no sabía en 1990
Cuando perdía contra aquel programa de mi Tandon, no tenía ni idea de que detrás había una cadena que empezaba en un laboratorio del Ateneo de Madrid, pasaba por un Turing jugando con lápiz y papel y terminaría, siete años después, con un campeón del mundo derrotado en Nueva York con ayuda de un informático de Barcelona.
By Franbooks – Wikipedia
Tampoco podía imaginar lo que vendría. Hoy el motor más fuerte del mundo es gratuito, se descarga en un minuto y juega muy por encima de cualquier humano desde un portátil. Y no lo ha hecho una gran empresa. Esa es la historia de la próxima entrega.
Y hay una tercera cosa que no sabía: que treinta y tantos años después volvería al tablero de la mano de mi hijo, y que él aprendería de una forma muy distinta a como aprendí yo, con clases, con libros y con alguien enfrente. Desde entonces llevamos un ajedrez a cualquier sitio, y Bruno pregunta a quien tenga delante si juega. Aquel primer verano, en la playa, no se libró de una partida ni un amigo ni un conocido. Pero eso merece su propio artículo.
Esta es la primera entrega de una pequeña serie sobre ajedrez, informática e inteligencia artificial. Si te la ha mandado alguien, puedes suscribirte al boletín para recibir las siguientes cada martes.
Cuentos, jaques y leyendas: Historias dentro y fuera del tablero. Manuel Azuaga
Reúne treinta artículos publicados en Diario SUR sobre el ajedrez fuera del tablero: Duchamp dejando el arte por las sesenta y cuatro casillas, Bogart y su afición en pleno rodaje de Casablanca, Unamuno, Kubrick o Nabokov. Y dentro del tablero, historias como la de Sultan Khan, un sirviente indio que llegó a campeón, o la de Sonja Graf, que jugaba vestida de hombre para vivir con libertad.
El prólogo es de Miguel Illescas, el mismo que acabas de conocer dentro de Deep Blue. Si te quedas con ganas, Azuaga tiene dos continuaciones: Más cuentos, jaques y leyendas y Últimos cuentos, jaques y leyendas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue la primera máquina que jugó al ajedrez? El Ajedrecista, construido en 1912 por Leonardo Torres Quevedo en Madrid. Jugaba el final de rey y torre contra rey y siempre daba mate. Antes hubo autómatas como el Turco, pero escondían a un jugador humano.
¿Quién programó el primer programa de ajedrez? Alan Turing y David Champernowne escribieron Turochamp hacia 1948. Como no había ordenador para ejecutarlo, Turing lo jugó a mano en 1952.
¿Qué papel tuvo un español en Deep Blue? El gran maestro e informático Miguel Illescas trabajó para IBM en la preparación de Deep Blue antes de la revancha de 1997, en la que la máquina ganó a Kaspárov por 3,5 a 2,5.
¿Qué es el ajedrez avanzado o ajedrez centauro? Una modalidad en la que cada jugador humano puede consultar un programa durante la partida. El primer encuentro se jugó en León en junio de 1998, entre Kaspárov y Topalov.
Hace unos días me apareció en LinkedIn un post que se estaba compartiendo mucho: «4 millones de euros a Indra por el buzón de quejas del Defensor del Pueblo». Decía que un chaval recién salido de un ciclo de DAW te monta eso por 10.000 euros, y que era como pagar cinco millones por el buzón de correos de tu casa. Me hizo gracia, me indignó un poco y, sobre todo, me llamó la atención, despertando mi curiosidad. Así que hice lo que casi nadie hace con estos titulares: me descargué los pliegos. Todos.
Las claves en 30 segundos
El contrato del Defensor del Pueblo con Indra puede llegar a 4,4 millones de euros sin IVA hasta 2027, pero no es un buzón: el pliego tiene 295 requisitos y estima unas 71.000 horas de trabajo.
Por hora no sale caro. Lo caro es todo lo que se decidió comprar y los 529.400 euros al año que cuesta mantenerlo encendido.
El código es propiedad del Defensor del Pueblo, pero nadie más puede verlo, auditarlo ni reutilizarlo.
La justicia española funciona con nueve sistemas de gestión procesal distintos y la sanidad con diecisiete historias clínicas que dialogan mal entre sí.
Italia, Francia, Dinamarca, Estonia o Alemania ya han demostrado que un mismo software público puede instalarse muchas veces.
Lo que dicen los pliegos
El expediente es el 2021/C00009 y se licitó en febrero de 2021. El presupuesto base era de 3,22 millones de euros sin IVA, se presentaron ocho empresas y se adjudicó a Indra por 3.003.616 euros. La oferta más barata era de 2,8 millones y la más cara de 3,15. Todas en la misma franja.
Luego vinieron los cambios. En junio de 2023 un primer modificado amplió el plazo hasta septiembre de 2025 sin subir el precio. En julio de 2024 un segundo modificado añadió 336.569 euros más. Y el contrato prevé dos prórrogas de 529.400 euros cada una. Si se agotan, el total llega a 4.398.985 euros sin IVA, unos 5,3 millones con IVA, repartidos entre junio de 2021 y septiembre de 2027.
Hasta aquí, el titular de esa publicación es básicamente correcto. Lo que no cuenta es qué se compró.
No es un buzón
El portal de quejas del Defensor del Pueblo. Lo visible es la parte pequeña del sistema.
El sistema que se quería sustituir se llama GEX. Lo desarrolló el propio Defensor del Pueblo en 2003 y 2004 en Java, con Oracle, un gestor de flujos de Tibco que ya no tiene soporte y el gestor documental Documentum. Guarda nueve millones de documentos, 2,7 terabytes, y lo usan a diario unas 170 personas. En 2025 la institución tramitó 38.762 expedientes.
El pliego técnico pide bastante más que un formulario. Los he contado (sí, con algo de ayuda de la IA): 295 requisitos. Hay atención al ciudadano por cualquier canal, registro electrónico con acuse sellado, espacio personal para seguir la queja, expedientes colectivos, reglas de asignación a las áreas, plantillas y escritos con código seguro de verificación, cita previa, campañas, boletines de email, escucha en redes sociales, un portal para ONG y parlamentarios autonómicos, integraciones con Cl@ve, @firma o el sistema de registros de las administraciones, y una aplicación móvil que funcione sin conexión para las visitas de inspección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a cárceles y centros de internamiento.
Eso no lo hace un chaval en dos semanas. Y el contrato incluye además licencias, infraestructura, soporte y un año de mantenimiento.
El propio pliego estima el trabajo en 23,44 personas a tiempo completo durante 19 meses, más un equipo de mantenimiento. Unas 71.000 horas. Si divides lo presupuestado en servicios profesionales entre esas horas, sale a unos 32 euros la hora. Los salarios directos, a unos 25.
Indra no cobró caro por hora. Se compró muchísimo.
Donde de verdad está el dinero
Hay tres cosas en los documentos que me parecen bastante más relevantes que la cifra total.
La primera es el calendario. El plan del pliego era poner el sistema en producción a finales de 2022. A esas alturas ya se había facturado el 60 % del contrato. En mayo de 2023 fue la propia adjudicataria quien pidió el primer modificado por unas «innovaciones de índole técnico» y propuso «un nuevo planteamiento de plataforma técnica». En 2023 no se pagó nada. En julio de 2024, la resolución del segundo modificado describe el proyecto como «muy próximo a su puesta en producción». De 31 meses previstos a 76 posibles.
Cronología del contrato 2021/C00009. Fuente: pliegos y resoluciones de los modificados 1 y 2.
La segunda es lo que cuesta tenerlo encendido. Las prórrogas ya no pagan desarrollo: solo licencias, infraestructura y servicio gestionado. 529.400 euros al año sin IVA. Con los expedientes de 2025, son unos 16,5 euros por expediente solo en plataforma.
La tercera es la que más me ha llamado la atención. El pliego obliga a usar productos concretos: el cuadro de mando «se implementa sobre Ms Power BI», la colaboración «a partir de Ms. Teams», la integración con Microsoft 365 y el acceso con el directorio activo de Microsoft. Cuando escribes el nombre del fabricante en el pliego, has decidido la mitad del proyecto antes de empezarlo.
Y el segundo modificado lo explica con una franqueza que no suele verse. Justifica no cambiar de empresa porque «el cambio de contratista no es posible por razones tanto económicas como técnicas»: un proveedor nuevo tendría que estudiar la aplicación y formarse. Es la definición exacta de dependencia de un proveedor, escrita en un documento oficial.
No hay nada ilegal en todo esto. El contrato pasó por licitación abierta y los modificados tienen informes favorables de la Asesoría Jurídica y de la Intervención. Mi crítica no va a las personas ni a la empresa. Va al modelo.
El código es nuestro, pero no lo podemos ver
Aquí está lo que de verdad me preocupa.
El pliego administrativo dice que el desarrollo lleva aparejada la cesión de la propiedad intelectual al Defensor del Pueblo. El técnico exige entregar el código fuente en su sistema de control de versiones. El código es público en el sentido de que lo hemos pagado todos y pertenece a una institución pública. Pero no lo puede ver nadie.
Nadie puede auditarlo. Nadie puede proponer una mejora ni avisar de un error. Y ninguna otra administración puede reutilizarlo, aunque la Ley 40/2015 obliga a ceder las aplicaciones a la administración que las pida, permite declararlas de fuentes abiertas y crea un directorio para compartirlas. Ese directorio, el Centro de Transferencia de Tecnología, tiene su forja pública en GitHub con unos cuarenta repositorios, casi todos de firma electrónica.
Y hay un matiz técnico importante. Si lo desarrollado vive dentro de una plataforma comercial licenciada, la cesión de la propiedad intelectual sirve de poco: puedes regalar tu código a otra institución, pero no podrá usarlo sin pagar las mismas licencias.
Mientras tanto, el Defensor del Pueblo de Navarra y el Gobierno foral firmaron en 2026 un convenio para desarrollar su propia plataforma de gestión de expedientes. Es el mismo problema, resuelto otra vez desde cero y con otro presupuesto.
Lo de poder auditar el código tampoco es teórico. El Tribunal Supremo reconoció en septiembre de 2025 el derecho de la Fundación Civio a acceder al código de BOSCO, la aplicación que decide quién recibe el bono social eléctrico. Ocho meses después seguían sin tenerlo.
¿Cuánto costaría hacerlo hoy?
En septiembre conté aquí cómo he vuelto a programar treinta años después gracias a Claude Code. Así que me he tomado el pliego en serio y lo he clasificado requisito a requisito: qué es el núcleo, qué es accesorio, qué solo puede hacerlo una administración y qué no es software sino servicio.
Mi estimación, con desarrollo asistido por agentes de IA y un perfil senior dirigiéndolo, está entre 2.000 y 4.000 horas para todo el código, frente a las 71.000 del pliego. Construirlo completo, con auditorías de seguridad y accesibilidad y la migración de datos, rondaría entre 200.000 y 400.000 euros. Y mantenerlo en una nube privada europea, con réplica entre dos centros de datos e incluso alguna copia de seguridad adicional en una tercera ubicación, entre 35.000 y 55.000 euros al año, frente a los 529.400 de la prórroga.
No son los 10.000 euros de esta publicación. Tampoco son cuatro millones.
Conviene ser honesto con lo que esa cifra no incluye. Integrarse con Cl@ve, @firma o el registro común solo puede hacerlo una administración. El Esquema Nacional de Seguridad se certifica sobre quien opera el sistema, no sobre el código. Y rediseñar los procesos con los tramitadores, que es la mitad del trabajo real en un proyecto público, no se acelera con ningún agente. Me gustaría intentar construir la primera parte y publicar las horas y el coste reales, no los estimados, aunque siendo realista no se si tendré tiempo para hacerlo.
Diecisiete veces el mismo problema
El caso del Defensor del Pueblo es pequeño. Lo interesante es lo que pasa cuando lo multiplicas.
La justicia española funciona con nueve sistemas de gestión procesal distintos. Minerva en los territorios del Ministerio, Adriano en Andalucía, Atlante en Canarias, Cicerone en la Comunidad Valenciana, el suyo propio en Madrid, en Cataluña, en el País Vasco… En 2020 el propio Ministerio planteaba el dilema en voz alta: interoperabilidad o integración en un único sistema. Se eligió la primera. En junio de 2022 se anunció que por fin los sistemas «hablaban» entre ellos. Es decir, se construyeron puentes entre nueve programas que hacen lo mismo.
Hay una excepción que merece conocerse. Avantius nació en Navarra y hoy lo comparten varias comunidades, entre ellas Navarra, Aragón y Cantabria. Ya se ha hecho aquí. Funciona.
Sanidad: diecisiete historias clínicas para un mismo paciente
En sanidad es todavía más evidente. Cada comunidad tiene su propio sistema de historia clínica, a veces uno para los centros de salud y otro distinto para los hospitales. Esta es la foto con la información pública que he podido reunir:
Comunidad
Atención primaria
Hospitales
Andalucía
Diraya
Diraya
Aragón
Historia Clínica Única (sustituye a OMI-AP)
Historia Clínica Única
Asturias
Estación clínica sobre OMI-AP
Sistemas propios de cada hospital
Baleares
e-SIAP
Diseñando un historial clínico único
Canarias
Drago AP
Drago AE
Cantabria
AP Cantabria (desde 2021)
Integrado con los hospitales
Castilla-La Mancha
Turriano
Mambrino XXI
Castilla y León
Medora
Jimena
Cataluña
ECAP
Varios sistemas, unidos por la HC3 compartida
Comunidad Valenciana
Abucasis
Orion Clinic
Extremadura
Jara
Jara
Galicia
IANUS
IANUS
La Rioja
Historia clínica electrónica regional (contrato prorrogado en 2026)
La misma, fusionada entre hospitales
Madrid
AP-Madrid
Varios sistemas según el hospital
Murcia
OMI-AP y Selene, unidos en una historia clínica común desde 2013
Selene
Navarra
Atenea
Sistemas propios
País Vasco
Osabide
Osabide Global
Sistemas principales según fuentes públicas enlazadas al final. Dentro de cada comunidad puede haber variaciones por hospital y algunos están en plena sustitución.
Diecisiete comunidades y más de veinte programas distintos para hacer lo mismo: guardar la historia de un paciente, pedir una analítica, recetar y derivar al especialista. Cada uno con su contrato, su migración, su mantenimiento y su equipo. Solo el proyecto Jara de Extremadura arrancó en 2005 con 25,5 millones de euros en cuatro años. La Rioja acaba de prorrogar el suyo por 1,7 millones mientras prepara un contrato nuevo. Multiplica.
Y luego hay que hacer que hablen entre ellos. El proyecto de historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud empezó en 2006. Quince años después seguía sin culminar, con comunidades que compartían solo el 11 % de los documentos pactados. Un estudio para la Comisión Europea calificó la interoperabilidad entre comunidades de «muy baja». Y en agosto de este año se seguía hablando de diecisiete sistemas que no dialogan eficientemente entre sí.
Hay un dato curioso escondido en esa tabla. En 2012, según un trabajo de la Universidad de Valladolid, nueve de las diecisiete comunidades usaban el mismo programa en atención primaria, OMI-AP. El mismo software instalado nueve veces ya existía. Lo que no existía era el código abierto, un presupuesto común ni una gobernanza compartida: nueve contratos con el mismo proveedor, nueve configuraciones distintas y nueve historias clínicas que seguían sin entenderse bien entre ellas.
Un núcleo común, diecisiete marcas
Ahora imagina lo contrario. Un único software de historia clínica, abierto, desarrollado una vez y desplegado diecisiete veces.
Cada comunidad lo usaría con su marca, sus colores, su nombre si quiere seguir llamándolo Diraya u Osabide, y su configuración: sus circuitos, sus catálogos de pruebas, sus centros. Pero por debajo sería el mismo programa, con el mismo modelo de datos y los mismos estándares, como FHIR para intercambiar información clínica. Un paciente de Ciudad Real atendido en Sevilla no necesitaría ningún puente: su historia se leería igual porque la escribió el mismo software.
Interoperable desde el primer día, no después de quince años de pasarelas.
Y con un único presupuesto de desarrollo. En lugar de diecisiete comunidades pagando diecisiete veces la receta electrónica, la integración con el laboratorio o la adaptación a la próxima norma europea, un consorcio con una cuota proporcional y una hoja de ruta común. Lo que cada comunidad quiera distinto, se lo paga como módulo propio, y si es útil, vuelve al núcleo para todos.
Y con el código en un repositorio público. Ahí está lo que más me ilusiona de la idea. Muchos profesionales podríamos aportar valor: abrir una incidencia cuando algo falla, proponer una mejora con un pull request, revisar el código de otros o auditar la seguridad por nuestra cuenta. Médicos que programan, enfermeras que detectan un flujo absurdo, ingenieros de hospital, universidades, empresas que dan soporte. Al final ese código lo hemos pagado todos con nuestros impuestos. Lo lógico es que todos podamos verlo, auditarlo y mejorarlo.
Los datos de los pacientes, evidentemente, no estarían en ningún repositorio. Se abre el programa, no la información.
Y lo mismo para todo lo demás
Lo mismo para los ayuntamientos, que son más de 8.000. Para las diputaciones. Para los gobiernos regionales. Para las defensorías autonómicas. Para el registro, los expedientes, las subvenciones, el padrón o la contabilidad. No hablo de las plataformas de participación ciudadana, que las hay libres y muy buenas. Hablo del corazón del software de la administración, el que tramita, registra y decide.
Cientos de ayuntamientos con el mismo software. Toda la sanidad con el mismo software. Todas las diputaciones con el mismo software.
Lo que cambia no es solo la factura. Cambia quién puede participar. Hoy un sistema así lo mantiene una empresa porque es la única que conoce el código. Con el código abierto, cualquier empresa puede ofrecer soporte, desarrollar una mejora o adaptarlo a un ayuntamiento concreto, incluida la pyme de informática de la capital de provincia que hoy no puede ni presentarse a estos concursos. Se compite por hacer mejor el trabajo, no por ser el dueño del código. Y habrá quien aporte sin que nadie le pague: universidades, funcionarios con ganas, desarrolladores que usan el servicio y ven un error. Pasa en todos los grandes proyectos de software libre.
Y con miles de ojos mirando el mismo código, auditar deja de ser un trámite que se encarga una vez y pasa a ser algo que ocurre todos los días.
Un matiz para no vender humo: un único sistema no significa un único proveedor ni un único centro de datos. Cada organismo lo opera donde quiera y con quien quiera. Lo que se comparte es el código, los estándares y la gobernanza. Sin gobernanza, un monocultivo también es un riesgo.
Ya se hace, y no es de ningún color
Lo mejor de todo esto es que no hay que inventar nada.
Italia lo tiene por ley. Los artículos 68 y 69 de su Código de la Administración Digital obligan a evaluar primero la reutilización y el software libre antes de comprar, y a publicar con licencia abierta el software encargado por la administración, en un catálogo común: Developers Italia. Y hizo algo todavía más ambicioso con el corazón del sistema: el 18 de enero de 2022 los 7.903 municipios italianos completaron su paso a un único padrón nacional, la ANPR, con 67 millones de residentes. Casi ocho mil padrones distintos convertidos en uno.
Dinamarca es el ejemplo que más se parece a lo que propongo. En 2012 cinco ayuntamientos crearon OS2 para desarrollar juntos el software que todos necesitaban. Hoy son 82 municipios, el 84 % del país, con más de 400 instalaciones de productos compartidos y código abierto.
Estonia y Finlandia crearon en 2017 una fundación común, el NIIS, para mantener juntos X-Road, la capa de intercambio de datos sobre la que funciona buena parte de sus servicios públicos. Islandia se sumó después. Dos Estados compartiendo el corazón de su administración digital.
Alemania creó una agencia pública, ZenDiS, que publicó en 2024 openDesk, una alternativa abierta a Microsoft 365. Ya la usan el Ejército alemán, el Ministerio de Sanidad y la Corte Penal Internacional. Y el estado de Schleswig-Holstein está migrando 30.000 puestos de trabajo de Microsoft a software libre porque, según su jefe de la Cancillería, el software libre «debe convertirse en el estándar» de la administración.
Y la Unión Europea lo ha convertido en marco común. El Reglamento de Interoperabilidad Europea, aplicable desde julio de 2024, obliga a los organismos públicos a compartir sus soluciones de interoperabilidad, incluido el código fuente.
Gobiernos de izquierdas, de derechas, de coalición. Países grandes y pequeños. No es ideología. Es gestión.
Lo que pediría
No hace falta una revolución. Bastarían unas pocas reglas que otros ya aplican.
Código abierto por defecto en todo desarrollo a medida pagado con dinero público, con excepciones motivadas y publicadas. Como en Italia o Francia. Y en un repositorio público de verdad, con incidencias y contribuciones abiertas, no en un ZIP que se entrega al final del contrato.
Consulta obligatoria y real a lo que ya existe antes de licitar, y justificación pública si no se reutiliza.
Pliegos sin marcas. Nada de «se implementa sobre» un producto concreto sin justificarlo, y el coste de salida incluido en la oferta.
Coste total a cinco años como criterio de adjudicación: construir, licencias y operación. No solo lo que cuesta el primer año.
Consorcios para lo común, como OS2: defensorías, ayuntamientos, justicia, sanidad.
Hitos con penalizaciones en lugar de modificados que alargan plazos.
En abril escribí que la compra pública es la palanca más potente que tenemos y la estamos desperdiciando. Esto es exactamente eso, pero en pequeño y con nombres propios. No hace falta crear un campeón europeo para dejar de pagar diecisiete veces por lo mismo. Hace falta que el código que pagamos entre todos sea de todos.
La publicación de LinkedIn se equivocaba en el precio del buzón. Acertaba en lo que de verdad importa: que algo huele raro cuando nadie puede comprobar qué hemos comprado.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el sistema de quejas del Defensor del Pueblo?
El contrato se adjudicó a Indra en 2021 por 3.003.616 euros sin IVA. Con un modificado de 336.569 euros y dos prórrogas de 529.400 euros, el total puede llegar a 4.398.985 euros sin IVA (unos 5,3 millones con IVA) hasta septiembre de 2027.
¿Es solo un buzón de quejas?
No. El pliego incluye 295 requisitos: atención por todos los canales, registro electrónico, tramitación de expedientes, integración con servicios de la administración, cuadro de mando, migración de nueve millones de documentos y una aplicación móvil para las inspecciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
¿El código es propiedad de la administración?
Sí. El pliego cede la propiedad intelectual al Defensor del Pueblo y exige entregar el código fuente. Pero no se ha publicado, así que no puede auditarse ni reutilizarse fuera de la institución.
¿Podrían todas las comunidades usar el mismo sistema de historia clínica?
Técnicamente, sí. Cada comunidad podría desplegar el mismo software abierto con su propia marca y configuración, compartiendo modelo de datos y estándares como FHIR. Así la interoperabilidad existiría desde el inicio y el desarrollo se pagaría una sola vez a través de un consorcio. El obstáculo es de gobernanza, no tecnológico.
¿Hay países que obliguen a publicar el software público?
Sí. Italia obliga a publicar con licencia abierta el software encargado por la administración, Francia considera el código fuente un documento administrativo desde 2016, y Dinamarca, Estonia, Finlandia y Alemania comparten software público entre administraciones.
